Hace unos días, la Comisión Federal de Competencia Económica publicó en su página de internet el estudio “Poder de mercado y bienestar social”, en el que se concluye que la falta de competencia genera un efecto denominado “poder de mercado”, que se manifiesta con un alza de los precios de los productos y servicios. Este sobreprecio ronda 100% de su valor o, lo que es lo mismo, el precio final de algunos bienes y servicios prácticamente se duplica por la falta de competencia.

En el estudio, llevado a cabo por Andrés Aradillas, se analizaron 12 categorías de gasto en 46 ciudades del país: tortilla de maíz, pan, pollo y huevo, carne de res, carnes procesadas, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos, transportes foráneos de pasajeros y materiales de construcción. Para determinar estas categorías, se consideraron bienes y servicios de consumo final, pues su impacto en los consumidores es directo.

Además, se tomó en cuenta la incidencia de las industrias respectivas en el Producto Interno Bruto; que estos bienes y servicios son de consumo generalizado en el país, y que tienen una alta demanda en los hogares de menores ingresos. Para las estimaciones, se utilizaron datos y cifras del Inegi, a partir de las cuales se llegó a la conclusión de que en nueve de las 12 categorías aludidas existe un sobreprecio del orden de 98.23 por ciento.

En la parte introductoria de este análisis, se menciona que el primer estudio sobre el poder de mercado y sus efectos en el bienestar de las familias que se llevó a cabo en México, también a instancias de la entonces Cofeco, fue realizado en el 2008 por el académico Carlos Urzúa, en relación con bienes de consumo básico. Posteriormente, en el 2009, el propio Urzúa publicó otro estudio partiendo de la misma premisa, pero ahora sobre servicios.

Una de las conclusiones a las que se llegó en el estudio del 2008 es que el impacto negativo de las empresas con poder de mercado crece a medida que los hogares son más pobres y que el decil de menores ingresos tiene una pérdida relativa casi 20% mayor, en comparación con el más alto. Ello quiere decir que el sector más pobre pagaba una especie de “impuesto” de casi 20%, mientras que el sector más favorecido no lo hacía. Las conclusiones después de 10 años de llevado a cabo el primer estudio no son del todo alentadoras pues, en la actualidad, los hogares mexicanos destinan, en promedio, 15.7% de su ingreso al pago de sobreprecios generados por la falta de competencia.

Valdría la pena resaltar, como nota relevante, el hecho de que Carlos Urzúa, quien realizó los primeros estudios sobre este tema, ocupará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del 1 de diciembre próximo. Lo anterior no es menor, puesto que quien tendrá a su cargo las finanzas y hacienda pública del país conoce de primera mano la necesidad de contar con condiciones de competencia adecuada, que puedan propiciar que el efecto del “poder de mercado” sea menor. Veremos cómo se aprovecha este conocimiento en la implementación de políticas públicas que generen una más y mejor competencia, lo que pueda conducir a la disminución de los precios finales, con el beneficio que ello representa para la mayoría de los mexicanos que menos tienen.

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