Un nuevo parlamento abierto de subcontratación tendrá lugar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Este evento se suma a numerosos encuentros similares, foros, diálogos y opiniones. Debe celebrarse el espíritu de deliberación democrática que este ejercicio legislativo representa, pues servirá para equilibrar las fuerzas políticas entre las cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, ha llegado el momento de emprender acciones concretas para erradicar las malas prácticas laborales y consecuentemente impulsar la tercerización responsable y profesional.

El problema que se intenta resolver es muy simple: existe un submundo de empresas que incumplen la ley. En necesario acabar con tales prácticas, ya que afectan negativamente a la recaudación fiscal, a las empresas de subcontratación (que por definición son legales) y, sobre todo, a los trabajadores.

Como solución, no es necesario hacer modificaciones sustantivas a la normatividad vigente. Gracias a la Reforma Laboral del año pasado, nuestras leyes son reconocidas en todo el mundo por sus alcances en cuanto a protección de la clase trabajadora se refiere. Bastaría con implementar medidas que aseguren el cumplimiento de lo que establecen las disposiciones.

Con este objetivo, el Ejecutivo Federal ha creado un grupo de trabajo interinstitucional que se encargará de fiscalizar adecuadamente a todas las empresas. De esta manera, la STPS, el IMSS, el Infonavit, la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación cerrarán el paso a la ilegalidad, tanto la de la tercerización como la de esquemas ordinarios de contratación.

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, ha declarado categóricamente que este equipo gubernamental (que utiliza tecnología inteligente y cruce de datos) ha sido eficiente y efectivo en el combate a la elusión de responsabilidades fiscales y laborales. A esto se aúnan la nueva Ley de Defraudación Fiscal y la Miscelánea Fiscal 2020, que han contribuido a que cierren empresas que se operaban fuera de la ley.

Para garantizar por otra vía que no habrá empresas que incurran sistemáticamente en prácticas ilícitas, TallentiaMX propone la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. Esto transparentaría y homologaría en los hechos las condiciones de la tercerización. No habría lugar para la simulación de ningún tipo.

También es mandatorio alejarse de cualquier iniciativa que busque prohibir y criminalizar de manera retrógrada y punitiva a la subcontratación, pues de ella dependen millones de empleos (sobre todo de los sectores más vulnerables). Ni podemos seguir postergando la discusión ni se puede legislar, tomando como base campañas de desprestigio fundamentadas en intereses particulares.

Hay que tomar cartas en el asunto. Con las propuestas de TallentiaMX se termina la ilegalidad y se promueve la subcontratación. En otras palabras: hay desarrollo económico y social y se reafirma el Estado de derecho.

*El autor es director general de TallentiaMX.