Frenar el tráfico ilegal de mercancías, precursores químicos, estupefacientes y personas —más recientemente— es prioritario para la Cuarta Transformación. La preservación de la seguridad nacional, pero sobre todo el combate a la corrupción son también asunto de soberanía, tanto en tierra como en el mar.

Para el nuevo gobierno, la seguridad marítima y portuaria implica contener el contrabando y el polizonaje, sin duda, pero también abarca tareas de vigilancia que se extiende a cuestiones sanitarias y epidemiológicas. Y las Fuerzas Armadas en todas ellas tienen jurisdicción, no obstante las resistencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los representantes de la Marina Mercante.

Las desavenencias entre los mandos civiles y castrenses se acentuaban, por las contradicciones entre la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Por ejemplo, la constitución del Cumar en todos los puertos mexicanos y el desarrollo y aprobación de las evaluaciones y planes de protección de las instalaciones portuarias.

La armonización del marco legal puso en riesgo la operación de todos los puertos mexicanos. Pero ya está en marcha. Y la reforma que dejaría el comercio bajo control de la Secretaría de Marina fue presentada por Morena y, después de ser tramitada, pasaría al pleno para su aprobación. Hace tres años le fueron transferidas las funciones de autoridad marítima, con lo que la seguridad y protección de las embarcaciones que arriben a los puertos de México quedan bajo la absoluta responsabilidad de las fuerzas del orden.

Las capitanías de puerto y los administradores integrales ¿serán mandos militares? Las instalaciones, de carácter estratégico, antes eran vigiladas por la Policía Federal y, actualmente, por la Guardia Nacional. Los recintos fiscalizados están bajo la jurisdicción de los administradores generales de aduana.

En efecto, la Secretaría de Hacienda —a través del SAT y Aduanas de México— tiene a su cargo dirigir los servicios aduanales y de inspección, además de ajustarse a la legislación y normatividad vigentes.

El diagnóstico, desde el sexenio peñista, es el mismo: el problema de corrupción en las aduanas favorece las actividades de la delincuencia organizada, a saber: el tráfico de armas, drogas, precursores químicos, numerario (dinero en efectivo) y mercancía en general.

Las instalaciones aduaneras en los puertos están entre las 22 ubicaciones en las que se considera factible que personal militar ocupe cargos para inhibir las actividades de corrupción. Principalmente: Ensenada, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.

El convenio de colaboración firmado en el 2018 permitió que personal militar se hiciera cargo de la revisión de contenedores sospechosos, de las tareas de inteligencia y del respaldo al personal civil para la detección de posibles violaciones al marco aduanero, que regula el movimiento de mercancías en los puertos.

Los nuevos convenios, aprobados por la Consejería Jurídica del gobierno de la República, dejarían en la jurisdicción militar tanto la seguridad de las embarcaciones como la revisión de las mercancías en los puertos. Acuerdos vigentes, firmados con la SCT, ya contemplan medidas de protección en la interfaz buque-puerto en las terminales, complementarias al programa GISIS de OMI, signado por el gobierno mexicano.

Hace tres años, el atorón de la minuta en el Senado de la República retrasó la reforma al marco legal. Entonces, la Coordinación de Puertos y Marina dejó de supervisar el movimiento de mercancías y dejó a las capitanías funciones administrativas para regular el tráfico marítimo y la seguridad de las embarcaciones.

De acuerdo con el dictamen procesado en la Cámara de Diputados, las costas, puertos y terminales de injerencia 100% continental quedarían bajo jurisdicción de la Secretaría de Marina. Los críticos de la propuesta señalan que los militares, de acuerdo con la Ley Federal del Mar y los convenios internacionales vigentes, no pueden ejercer funciones, más allá de la zona marítima federal o de las áreas adyacentes.

Efectos secundarios

FUERZA MIGRANTE. Con el T-MEC a punto de firmarse, el 2020 se reafirma como un año clave para los más de 36 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Con el objetivo de avanzar de manera decidida por el empoderamiento de las comunidades mexicanas, Fuerza Migrante, organización a cargo de Jaime Lucero, empresario poblano, realiza hoy su primer Consejo Binacional en Nueva York. Por primera vez, organizaciones, líderes y activistas promigrantes se unirán para definir la conformación de 11 comisiones binacionales, plataforma de fondeo y aliados estratégicos. ¿El objetivo? Que por lo menos 10 millones de migrantes voten en el proceso electoral del próximo año en Estados Unidos.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.