Recientemente se llevaron a cabo modificaciones a las leyes estatales que norman los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de algunas entidades federativas. El hecho es un tanto atípico, pues la dependencia de los estados sobre los recursos que les transfiere la Federación es significativa y ha sido así por décadas. En consecuencia, no es común que estos realicen esfuerzos por crear nuevas contribuciones que les generen una carga administrativa adicional, así como costos político-electorales. 

Pero ¿qué cambió y por qué hasta ahora las entidades están buscando nuevas fuentes de recursos? Una de las respuestas más importantes es la disminución de las participaciones y aportaciones que se transfieren hacia los estados. Por ejemplo, conforme a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2019 a 2020, las primeras se redujeron en un 7.2 por ciento, mientras que las aportaciones lo hicieron en un 3.5 por ciento. Asimismo, las presiones de gasto, particularmente en materia de salud, han sido considerablemente mayores desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 en marzo de 2020. De igual forma, no hay una perspectiva de recuperación económica importante para el país en el corto y mediano plazo, lo que afecta la recaudación y en consecuencia las transferencias federales. Finalmente, las relaciones entre varias entidades federativas y la Federación (sobre todo aquellas que pertenecen a partidos de oposición), se han venido deteriorando, por lo que difícilmente habrá mayor colaboración en lo que resta de esta administración. Sin duda la situación antes descrita le ha dejado ver a ciertos estados que es momento de asumir las riendas de su propio destino. 

Ahora bien, son varias las estrategias en materia fiscal adoptadas por las entidades. Algunas han optado por gravar afectaciones al medio ambiente, mientras que otras han aplicado gravámenes sobre plataformas tecnológicas o simplemente han aumentado las tasas de los impuestos y contribuciones existentes. 

La Ciudad de México, por ejemplo, mediante su Ley de Ingresos aprobó cobrar un aprovechamiento de 2% a las personas físicas o morales que operen mediante plataformas digitales para el reparto de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en la CDMX. Del mismo modo, se amplió la base del impuesto sobre espectáculos públicos (tasa del 8 por ciento) para incluir a aquellos que se realicen mediante plataformas electrónicas (vía streaming) y también se agregó a los administradores de inmuebles en el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje (tasa del 5 por ciento).

Otro ejemplo es el caso de Nuevo León, donde a partir de este año entraron en vigor nuevos impuestos a favor del medio ambiente. A través de estos se cobrará a las empresas por la extracción, explotación o aprovechamiento de materiales pétreos (mármol, canteras, arenas, granito, pizarra, yeso, tezontle, entre otros). Asimismo, se aprobó gravar la emisión de contaminantes a la atmósfera; la emisión de sustancias contaminantes que se depositen, desechen o descarguen en el agua; y a la emisión de sustancias contaminantes orgánicas e inorgánicas que se depositen, desechen o descarguen en el subsuelo y/o suelo. 

En dicho estado también se aprobó incrementar la tasa actual del impuesto a casinos del 10 al 15 por ciento, así como un derecho adicional a los establecimientos por cada máquina o equipo que permita al público participar en juegos de apuestas de cualquier clase que otorguen premios en dinero o en especie. De conformidad con el gobierno estatal, lo anterior tiene el fin de obtener mayores recursos para el financiamiento del gasto público. En el caso de los impuestos verdes, la propuesta señala que los recursos obtenidos se destinarían a programas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente, concretamente para redimir los daños de la contaminación, la reforestación, transporte público eléctrico y generar incentivos a empresas que inviertan en procesos verdes. 

Por otro lado, Yucatán cobrará un impuesto a la emisión de gases a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos y otro a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua generados por actividades industriales o agropecuarias. 

A su vez, entidades como Chihuahua, Veracruz y Querétaro realizarán algunos cambios en materia fiscal con el ánimo de hacerse de mayores ingresos. Ante estos hechos, primero que nada, hay que aplaudir el que los estados estén saliendo de su zona de confort para diseñar e implementar nuevos impuestos y contribuciones. En el pasado se ha criticado su falta de iniciativa en la materia derivado de la comodidad que por décadas ha implicado “estirar la mano” y recibir las transferencias federales sin mayores esfuerzos. Es momento de que los estados, pero también los municipios a través de impuestos como el predial, se atrevan a financiar una mayor parte de sus gastos con recursos propios. Entre otras cosas, esto representa un ejercicio de madurez en términos fiscales que apunta hacia la dirección correcta.

No obstante, para que el ejercicio sea completamente exitoso, los nuevos impuestos deben definir adecuadamente el sujeto obligado, el objeto de que es materia el impuesto, la base, entre otros temas, para así evitar una lluvia de amparos que los vuelvan inoperantes. Adicionalmente, su diseño debe evitar afectaciones a la actividad económica de los estados. Se debe rendir cuentas y mostrar a los contribuyentes que la recaudación proveniente de dichos impuestos se va a gastar en lo estipulado o bien de forma responsable, para que estos puedan ver claramente el destino de los recursos. De lo contrario, los esfuerzos se irán desvirtuando y la reticencia por cumplir con las obligaciones crecerá, dejando a los estados con nuevos impuestos y a la par nuevas formas de evasión por parte de su población.

Liliana Alvarado

Directora General de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Columna invitada

Licenciada en Relaciones Internacionales (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración (London School of Economics). Colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde adquirió una amplia experiencia en política fiscal y se especializó en el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en Fundar en el Área de Presupuestos Públicos, en transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. En Ethos ha coordinado trabajos en materia de finanzas públicas, pobreza, seguridad pública y anticorrupción.

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