En la oficina del defensor de los consumidores en México, Ricardo Sheffield Padilla, hicieron una “búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos” y no encontraron documentos que avalen algunas afirmaciones y juicios de valor de Sheffield sobre diversos actores del comercio electrónico en México. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dicho que Amazon y Mercado Libre son empresas “serias” que “respetan las leyes y a las autoridades mexicanas”; en cambio, eBay y Alibaba “no responden a nuestras notificaciones, no responden ni un correo electrónico” de la autoridad. “Nos ven como Dios a los conejos”, dijo Sheffield a la prensa.

¿Cuántas notificaciones y correos electrónicos ha enviado la Profeco a eBay y Alibaba y qué conductas las motivaron? Ninguna, cero, nada. “Se identificó ‘0’ (cero) información y documentación” que respondan eso. ¿Por qué? Porque “no obra registro de los domicilios de las empresas Alibaba y eBay dentro de la República Mexicana”. Sin domicilio en México, “esta autoridad está impedida para realizar notificaciones a proveedores”, respondió la oficina de Sheffield a la solicitud de información SAI 1031500134519, que derivó en la queja RRA 2811/20 que resolvió el pleno del Inai el 10 de junio pasado.

¿Y en qué documentos se basa Sheffield para asegurar a la prensa que ni eBay ni Alibaba respetan “las leyes e instituciones mexicanas”? En ninguno, cero, nada. “Esta Procuraduría informa que se identificaron ‘0’ (cero) documentos, resoluciones, análisis u oficios” relacionados con eBay y Alibaba. “Sheffield Padilla basó su declaración en el hecho de que en esta entidad no obra registro de los domicilios de Alibaba y eBay”, dice la respuesta de Profeco. Sin domicilio en México, se “deja en estado de indefensión los derechos de las y los consumidores que realicen compras a través de dichas plataformas”, agrega.

La transparencia es uno de los componentes de la rendición de cuentas, una obligación del actuar gubernamental que además de la publicidad de la información exige a los funcionarios públicos argumentar y defender sus decisiones y declaraciones con base en la ley. 

Este ejercicio de rendición de cuentas sobre las expresiones de Sheffield se inició en diciembre de 2019. Tuvieron que pasar 6 meses para conocer que ni eBay ni Alibaba podían haber respondido al procurador Sheffield sus notificaciones y correos electrónicos porque la Procuraduría nunca los envió. ¿A dónde, si no tenían domicilio en México? En el caso de Amazon y Mercado Libre, en cambio, su “seriedad” y su cumplimiento regulatorio radican en que tienen domicilios locales y que han firmado convenios de conciliación para atender quejas de los consumidores, según la respuesta de Profeco.

El curso que siguió la solicitud SAI 1031500134519 a la Profeco es sintomático sobre la manera en que distintas entidades públicas atienden las solicitudes de información ciudadanas. Primero, la Profeco esperó hasta el último día legal para solicitar una prórroga para la entrega de la información solicitada. Luego, cuando entregó la información, lo hizo de manera incompleta. En este punto muchos solicitantes desisten, pues lo siguiente implica solicitar la participación del Inai, el órgano garante de la transparencia, para buscar la satisfacción del derecho a la información. Si se cruza este punto, habrá que esperar que el Inai considere válida la queja; si es válida, que la oficina cuestionada se defienda y, posteriormente, que el pleno del Inai emita una resolución. Y, claro, que en medio no se presente una pandemia.

A diferencia de cualquier ciudadano, que puede hacer todo lo que no le esté prohibido por ley, los funcionarios públicos como parte de su ejercicio sólo pueden hacer lo que les permite y obliga la ley. No es la primera vez que un funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice cosas que no puede probar. Tampoco será la última. Debemos estar alertas para identificar dónde saltará el próximo conejo.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.