Lectura 4:00 min
Límites a la competencia
La falta de información, el condicionar las ventas o la presencia de alguien con poder para establecer condiciones van en contra de los consumidores.
Se ha mencionado en este medio, no sólo en este espacio, sino en el de algunos otros compañeros columnistas, que uno de los mayores lastres de la economía mexicana es la falta de competencia. Hace poco se hizo una modificación a la ley en la materia y se cambió el estatus de la comisión a cargo de la materia; en teoría, con el objetivo de darle mayores posibilidades para incidir en todos aquellos casos que encuentre, y que luego de una investigación, amerite alguna sanción por parte de dicho organismo. Hasta hoy no hemos sabido de muchos casos con éxito, excepción hecha de los cambios registrados en la ley en materia de telecomunicaciones, que eliminó algunas deficiencias de la ley anterior que limitaban la competencia, y tomó cartas en el asunto de la regulación de tarifas. Bien por ellos, porque en efecto, todos aquellos usuarios de los servicios del sector, más de 100 millones, se verán beneficiados por precios más bajos.
Sería muy bueno que los señores legisladores entraran a todos y cada uno de los sectores en donde algún experto, en este caso la Cofece, o alguna unión de consumidores señalara que existen bases sólidas para sospechar de falta de competencia en algunas actividades, estudiaran las leyes correspondientes y ajustaran su contenido, de manera de que los intereses de los consumidores fueran defendidos cabalmente. Esto simplemente sería una actividad para iniciar toda una campaña en pro de una mayor competencia, buscando, de nuevo, defender los intereses de los consumidores, aunque harían falta algunas otras vertientes en este trabajo.
Un factor importante que puede limitar la competencia, y de hecho la limita, es la falta de información amplia, oportuna y confiable. Por ejemplo, pensemos en todos aquellos casos que escuchamos de mujeres que se quejan de que perciben una paga menor por un trabajo igual de demandante, en horas y esfuerzo, al realizado por un hombre. Si hubiera información, o un lugar, por ejemplo la secretaría a cargo de la materia, en donde pudiera preguntar cómo están los niveles de sueldo, para poder decidir si acepta o una determinada propuesta, las cosas podrían tender hacia una menor desigualdad, en beneficio de los y las trabajadoras. Lo mismo pasa con muchos otros bienes y servicios, en donde los consumidores no tienen información completa sobre los precios y características de los productos ofrecidos por diversos agentes y sin información se apresuran a tomar una decisión. Esto resultará a la larga en una decepción y sería casi imposible que el consumidor pudiera acudir a algún sitio para pedir que se le devolviera su dinero, o que se le ofrecieran las mismas condiciones.
Es bien conocido el caso de los artículos agropecuarios, en donde existen diferenciales de precio no despreciables entre diferentes puntos de venta, diferenciales no necesariamente debidos a diferencias de calidad. Se dice que es el costo del transporte o la ubicación de los diferentes puntos de venta, aunque bien harían las autoridades competentes en iniciar una averiguación, para determinar hasta qué punto se está abusando de los consumidores. En este mismo punto podemos incluir la presencia de un comprador con amplio poder para determinar las condiciones de compra de los productores primarios y luego la libertad de establecer el precio de venta final que más le convenga. El condicionar alguna transacción a algún otro acto, como la frecuencia de compra, o las cantidades que se pueden adquirir, o buscar que el comprador se obligue a adquirir algún otro producto son prácticas que muy bien podrían vigilarse, castigarse y reglamentarse.
