En una sociedad donde impera la mentalidad rentista y expoliadora, se desperdicia una cantidad significativa de recursos porque se canalizan a actividades improductivas. Un aliado para esa apropiación de rentas es la privatización de espacios públicos. Es decir, anteponer el costo social por encima del beneficio privado, a pesar de que es ilegal.

El ejemplo más evidente es el ambulantaje. En la CDMX desde hace un par de décadas, ha proliferado el ambulantaje de todo tipo en la vía pública. La invasión afecta al transeúnte en varios aspectos; los lugares favoritos son las inmediaciones de las estaciones del Metro. Entre malos olores, suciedad y sensación de inseguridad, le ofrecen a uno en su mayoría artículos chatarra de baja calidad.

Los ambulantes se sienten con el derecho de privatizar la calle y las banquetas. Desde el puesto de tamales hasta la venta de artículos pirata y robados constituyen una competencia desleal para el comercio establecido y sin garantías para el consumidor. El ambulante no paga electricidad ni impuestos. Paga ilegalmente por protección y por derecho de uso de ese espacio al amparo de una red de corrupción desde las alcaldías en contubernio con las policías para administrar el ambulantaje. Se generan millones de pesos en recursos no detectados que constituyen una buena base de financiamiento para fines políticos. Pero ahora también las organizaciones delincuenciales han incursionado cobrando derecho de piso y ofreciendo protección. Así, el ambulante tiene que cubrir cuotas dobles: al crimen organizado y a las autoridades.

Otro caso es el de la prostitución. Como tal, ésta no es ilegal. Lo que está penado por la ley es la trata de blancas, la explotación sexual y ofrecer el servicio en la vía pública, lo cual sólo está sujeto a una sanción administrativa. Ciertas calles están infestadas del sexoservicio. Es otra manifestación de la privatización de espacios públicos donde autoridades y crimen organizado compiten para permitir esa ilegalidad. Al igual que el ambulantaje, es una jugosa apropiación de rentas millonarias no detectadas legalmente. En el colmo del cinismo, en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc hay decenas de prostitutas.

Finalmente, están los franeleros que con cubetas apartan lugares en las calles para estacionar autos a cambio de una cuota. Discutir con ellos que uno tiene derecho a estacionarse ahí sin pagarles es exponerse a golpes o a rayones al vehículo. Una vez más, las autoridades solapan esta privatización a cambio del pago de un falso derecho.

Hay que terminar con esta perniciosa privatización ilegal y su corrupción. Las medidas van desde fomentar la educación cívica hasta combatir en serio a las mafias y sancionar a los empleados públicos corruptos. ¿No se supone que Sheinbaum debe alinear esa lucha con la del presidente?