Las dificultades económicas pueden manifestarse de diversas maneras. Pueden ir desde la afectación de los mercados laborales o comerciales hasta lo más grave que se materializa con la crisis en el sistema de pagos, como la ocurrida en México en 1994 con el Fobaproa o en EU en el 2008 con la llamada double bubble trouble mejor conocida como crisis de las hipotecas subprime. Las situaciones graves en las economías pueden venir por efectos nocivos en la demanda o en la oferta, o en ambos, como en este momento en México. Incluso por desbalance en la balanza de pagos o falta de ahorro interno. Una economía sólida tarda décadas en formarse, pero puede en tan sólo meses enfrentar una crisis. En el caso mexicano, nuestra economía comenzó a desacelerarse después de las elecciones del 2018 cuando se observaron los primeros frenos relevantes a la inversión, producto de la incertidumbre que causó el cambio de gobierno, la natural curva de aprendizaje, la cancelación del aeropuerto y los recortes presupuestales. Lo anterior se prolongó durante todo el año 2019. Entonces comenzó la construcción de un nuevo diálogo entre el gobierno del cambio que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el sector privado basado en el respeto mutuo, la clara separación del poder político del económico y la cero tolerancia a la corrupción. No es sencillo establecer nuevas reglas del juego, pero es posible hacerlo. Tanto los empresarios como el gobierno federal están de acuerdo en esta separación y el freno a la corrupción, lo que establece un claro punto de partida sustentado en la ética y la moral del quehacer público.

En eso estábamos cuando vino la pandemia que provocó que, al freno económico del año 2019, viniera el decrecimiento y pérdida de empleos formales que se sumó a la falta de inversión tanto pública como privada que venía decayendo. El Estado mexicano tiene, sin embargo, un arsenal importante de instrumentos para apoyar a la economía. En un contexto previo a la pandemia es plausible la decisión de no endeudar más al Estado; empero, la crisis mundial tanto sanitaria como económica ha obligado a los países a tomar medidas en el plano fiscal y monetario. Por citar un ejemplo regional, Brasil subió en 10% del PIB su deuda; en el caso mexicano ha subido 1.5%, por efecto del tipo de cambio y la disminución del PIB. El dejar toda la responsabilidad a la política monetaria puede resultar incompleto e incluso poner en un mayor riesgo a las familias, empresas e igualmente importante, a los bancos. Hasta el momento, el Banco de México ha hecho una labor extraordinaria proveyendo los medios para asegurar liquidez a los mercados y al sistema de pagos. Pese a la liquidez provista y una abundante oferta de crédito por parte de bancos y del propio gobierno, los mexicanos no han tomado este camino basados en, que hacer frente a la pandemia endeudándose, no es un buen camino. Es necesario complementar con otras medidas para dar impulso a la economía, incluyendo retomar el diálogo gobierno-empresarios y valorar ayudas por la vía fiscal.

Twitter: @drcamartinez

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.

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