Históricamente el manejo de conflictos en las sociedades ha respondido a dos modelos aparentemente excluyentes y en ocasiones complementarios. En uno, quienes tienen un conflicto lo manejan por sí mismos; en el otro una autoridad resuelve los conflictos.

En México, originalmente se adoptó el sistema de que los conflictos debían ser resueltos por autoridades. Ninguna persona podría hacerse justicia por sí misma y los tribunales administrarían la justicia.

Aunque en nuestras constituciones de 1824 y de 1917 se encuentran antecedentes de la existencia de mecanismos alternativos de solución de controversias legales en México, fue hasta el 2008 cuando se estableció la posibilidad de que las personas puedan resolver sus conflictos sin autoridades, como un mecanismo complementario al servicio de la justicia ordinaria.

Esta nueva opción constitucional significa que debemos desaprender la creencia de que frente a un conflicto la única y mejor opción es que un tribunal judicial intervenga.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentan una nueva cultura respecto de las relaciones entre gobernantes y gobernados, en la cual la línea divisoria entre ambos tiende a borrarse.

De alguna manera, la soberanía individual que hemos cedido al Estado la estamos recuperando en México a través de las reformas constitucionales y el reconocimiento de los obstáculos de acceso a la justicia: las formalidades excesivas que se contemplan en las leyes, y la interpretación y aplicación inadecuada de las normas por parte de los encargados de esas funciones, que se ha traducido en que en la impartición de justicia —en todas las materias— y en el ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país, prevalezca una cultura procesalista que genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada.

La inclusión de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la Constitución constituye un paso para fortalecer a la democracia al privilegiar la participación de voluntades privadas en el manejo de sus conflictos, y así convertir dicha opción en un derecho de las personas a decidir por sí mismas la solución de sus conflictos, sin la tutela de órganos del Estado. De este modo, la mediación está llamada a solucionar los problemas legales que nos presenta el mundo contemporáneo.

La expresión mecanismos alternativos de solución de controversias ha servido para significar medios de resolución de conflictos que no requieren autoridades judiciales.

El conflicto suele frustrar, inhibir y propiciar sentimientos de violencia en los sujetos enfrentados, es por eso que los mecanismos alternativos de solución de controversias, particularmente la mediación, propician una percepción más justa y adecuada para las partes, solucionando de fondo problemas de manera ágil, flexible, equitativa, económica y justa, además de contribuir al restablecimiento o restauración de relaciones lastimadas por el conflicto. Con ello se fortalece la cultura de la paz.

Pascual Hernández Mergoldd es abogado y mediador profesional, [email protected]ón.com.mx