Al inicio de esta administración federal hemos podido constatar una forma personal de ejercer el poder. No sólo el estilo del presidente López Obrador, sino literalmente muchos —quizá demasiados— temas son atendidos de manera personal y concentrados por el propio mandatario y algunos de sus funcionarios más cercanos. Hay varios ejemplos de ello: los superdelegados y la comunicación social del gobierno federal, que dependerán, en ambos casos, de la Oficina de la Presidencia de la República, y los titulares de Unidad y Finanzas de las distintas dependencias (salvo las secretarías de Defensa Nacional y de Marina), que serán nombrados y tendrán una vinculación directa con la Secretaría de Hacienda. Podemos advertir una clara tendencia a la concentración política, de comunicación social y del ejercicio del gasto público en esta administración. A esta lista se suma la concentración jurídica.

Este nuevo proceso correrá a cargo del consejero jurídico y consiste en la facultad de nombramiento de las unidades jurídicas de las distintas áreas de la administración pública federal, así como la revisión y eventual autorización de todos aquellos instrumentos normativos (decretos, nombramientos, resoluciones presidenciales) sujetos a la rúbrica del presidente, además de ser el conducto a través del cual —dada la importancia de ciertos asuntos— se dará cuenta al titular del ejecutivo de los juicios (de amparo y contenciosos) en los que sea parte el gobierno federal; es decir, la defensa misma de la administración pública. Ambas condiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 14 de este mes y derivadas de los recientes cambios a las leyes que rigen la Administración Pública Federal. Esto es, el consejero jurídico no sólo nombrará a los abogados de todas las dependencias federales, sino que en sus manos tendrá la estrategia legal del gobierno federal.

La razón principal que se esgrimió para el cambio de funcionamiento en los tres ejemplos estaba relacionada con el uso eficiente de los recursos a través de la implementación de políticas de austeridad y ahorro. Los delegados, por el alto número de funcionarios que en cada entidad federativa representaban al gobierno federal y el costo que ello genera. En el caso de las unidades administrativas de las dependencias federales (nombradas por la Secretaría de Hacienda), se adujo que generarían importantes economías a través de las compras consolidadas. Por lo que hace a la comunicación social, también se adujeron razones económicas, aunque ello no queda del todo claro, cuando en el presupuesto propuesto se aumenta el gasto en este rubro.

Para el caso de las nuevas facultades de la Consejería Jurídica, no se advierten razones de austeridad y eficiencia en el uso de recursos en este cambio. Más bien, parece que tiene que ver con lo estratégico del manejo integral de la defensa jurídica del gobierno federal. Estos procesos de concentración no son, por sí mismos, inadecuados. No obstante, pueden generar importantes retrasos en el ejercicio cotidiano de gobierno, pues pueden crear cuellos de botella. Lo anterior, sobre todo en el caso de la Consejería, si advertimos que se propuso una disminución al presupuesto que ejercerá en el 2019 por el orden de 18%, respecto del ejercicio de este año. Esperemos que estos procesos de concentración no produzcan un efecto contrario al esperado.

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