En desafío a los prejuicios presidenciales, esta semana resucitó Keynes aunque sea a nivel estatal y municipal en una reforma legislativa...

No debe subestimarse la capacidad de resurrección que tiene el pensamiento del economista británico John Maynard Keynes. O más bien, se trata de la supervivencia de su ya clásica receta de política económica contracíclica, relativa a incrementar la inversión gubernamental con el fin de suavizar o contrarrestar las fases recesivas del ciclo económico.

Inexorablemente, la aplicación en la práctica de la receta keynesiana requiere de un incremento, que siempre se espera sea temporal, de la deuda pública para financiar el incremento requerido de la inversión gubernamental.

Recientemente, el presidente López Obrador se negó tajante a poner en ejecución la mencionada receta keynesiana bajo el argumento de que su gobierno nunca aplicará rescates tipo Fobaproa. El paralelismo es completamente inaplicable y así se explicó muchas veces en este espacio.

El rescate del Fobaproa había sido un asunto de naturaleza sectorial y no macroeconómica, y respondió al propósito de evitar que los ahorradores bancarios perdieran sus depósitos y los bancos quebraran. En la crisis actual, de lo que se trata es de reactivar la economía nacional, sumida en depresión por la pandemia.

Pero en desafío a los prejuicios presidenciales, esta semana resucitó Keynes aunque sea al nivel estatal y municipal. Se trata de una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que les permitirá aumentar su deuda en situaciones extraordinarias sin la obligación de obtener autorización de sus legislaturas locales.

Dos son las finalidades específicas previstas para ese incremento de las deudas locales: la ocurrencia de desastres naturales y poder enfrentar emergencias sanitarias, precisamente como la causada por el Covid-19.

Desde luego, debe resultar lógica la explicación de que enfrentar la pandemia tendrá repercusiones de reactivación económica por el efecto multiplicador que tengan de los gastos adicionales que se lleven a cabo.

Desde el punto de vista del nivel de la actividad económica, el efecto reactivador puede ser el mismo, ya sea que se lleven a cabo nuevas obras públicas o que el gasto público adicional se canalice al pago de servicios de salud o compra de medicinas y equipos.

Uno de los legisladores que tomó la palabra con motivo de la iniciativa comentada explicó, afinando la mira: la reforma permitirá intervenir con distintos fines, incluso reforzar “la reactivación económica”. Lástima que este cambio de visión, iluminador, sólo se haya dado en el ámbito estatal y municipal.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico

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