Así como todos los contratos de servicios bancarios (tarjetas o créditos) contienen letras pequeña que usualmente no se leen, pero que incluyen las condiciones más severas o perjudiciales, la reforma energética tiene letras pequeñas que hasta ahora han pasado casi inadvertidas. La letra pequeña de la reforma energética es el fracking.

El fracking es el nombre de una tecnología de explotación de gas y petróleo no convencional mediante una tecnología que consiste en fracturar el suelo a fin de romper las rocas de lutitas y extraer el recurso. Es un recurso conocido también como gas shale o gas lutita. Con éste último nombre es identificado en la tercera página de la iniciativa de reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión.

Hasta ahora la mayor atención sobre el debate de la reforma energética se ha concentrado sobre el cambio constitucional a los artículos 27 y 28 que elimina la prohibición del Estado mexicano para ofrecer contratos de explotación, producción y manejo de los hidrocarburos. Ese aspecto es el más llamativo, sin duda, porque abre las puertas al capital privado, especialmente internacional, lo que podría implicar un despojo a los bienes comunes de los mexicanos, mediante la privatización de facto de los recursos energéticos.

Sin embargo el tema de la explotación del gas lutita o gas shale mediante el fracking es un asunto de la mayor importancia para el país. Lo es por dos aspectos: la ambición por encontrar y explotar territorios que contengan dicho recurso, abre la puerta al despojo de territorios, tal como ahora ocurre con proyectos mineros, turísticos, o de proyectos de infraestructura estatal. El segundo, es que se trata de una tecnología de explotación de recursos energéticos, altamente contaminante y dañina al medio ambiente.

En la propuesta de reforma energética de Peña Nieto se ignoran estos peligrosos aspectos de despojo y daño medioambiental que puede acarrear esta tecnología. Por el contrario, se la ve como una oportunidad de ampliar las reservas energéticas del país.

Son pocas las voces que han llamado la atención sobre esta peligrosa tecnología: la Alianza Mexicana contra el Fracking, integrada por una quincena de organismos civiles, y que se presentó en septiembre de este año; en el poder público mexicano apenas se ha escuchado la voz del legislador federal Ricardo Mejía Berdeja del partido Movimiento Ciudadano, y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

La Alianza Contra el Fracking ha identificado varios aspectos que impactarían severamente al medio ambiente. Una de las objeciones principales de dicha alianza es que el fracking consume agua de manera intensiva. Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. La explotación de los 20,000 pozos anuales que se está planteando, supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año , y ello supondría la disminución de agua disponible para uso de la población, sostiene dicha alianza.

Además el fracking implica el uso de compuestos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura, lo que contamina mantos freáticos. En total, se han identificado más de 2,500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. Los expertos señalan que más del 25 por ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37 por ciento afectar al sistema endocrino, el 50 por ciento dañar el sistema nervioso y el 40 por ciento provocar alergias . Por si fuera poco, la liberación de gas metano implica un aumento sustancial de los efectos del calentamiento global y por tanto del cambio climático.

No será un asunto sencillo detener esta perjudicial tecnología de explotación. Según las prospectivas del gobierno de Estados Unidos, México contiene la sextas reservas de gas lutita (de una lista de 41 naciones), cercanas a 545 billones de pies cúbicos, lo que convierte a nuestro país en un territorio más que apetecido para las empresas energéticas.

Pero no debemos permitir que ese afán de lucro privado, que se puede desatar con la reforma energética, se convierta en una oleada despojadora y en una marejada de daños ambientales para el territorio y la población del país.

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