Las economías del orbe se transforman progresivamente en una sociedad de información que se vale de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para dar un acceso costo efectivo a los bienes y servicios públicos que la sociedad demanda.

Para la Organización de Entidades Fiscalizadoras de Europa (EUROSAI, por sus siglas en inglés), el impulso al e-gobierno tiene la enorme ventaja de aumentar la capacidad institucional de provisión y entrega de bienes y servicios a fin de cumplir, a través de los programas de gobierno, con lo prometido a los ciudadanos. 

Su instrumentación demanda, no sólo la adopción de TICs, sino también la reingeniería de los procesos administrativos públicos, la simplificación de las estructuras administrativas y la adopción de estrategias de ejercicio y control del gasto y sus ejecutores.

La Unión Europea define al e-gobierno como “el uso de información y tecnologías de la comunicación en la administración pública, combinado con el cambio organizacional y nuevas destrezas, con el fin de mejorar los servicios públicos a través de políticas públicas fortalecidas”

La adopción del e-gobierno entraña tres grandes orientaciones:

  • Mejorar el intercambio de información en la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos y a las empresas;
  • Mejorar la operación del gobierno en términos de su eficacia y eficiencia incluyendo la operación intergubernamental y;
  • Mejorar la participación social.

Estas orientaciones comprometen desarrollar procesos gobierno-ciudadano de mejor acceso e inclusión, protocolos gobierno-empresas en la adquisición de bienes y servicios y procesos gobierno a gobierno.

Las autoridades que llevan a cabo servicios de e-gobierno tienen, en este contexto, la obligación de tomar medidas que permitan la verificación transversal de las transacciones electrónicas y la adopción de medidas de control interno que impidan desvíos transaccionales. 

La eliminación de flujo documental que conmina el e-gobierno trae como consecuencia la pérdida de las pistas tradicionales de auditoría, razón por la cual los entes públicos que realizan transacciones de e-gobierno deben crear nuevas pistas de auditoría. Ello es indispensable para mejorar la trazabilidad del gasto público. 

La fiscalización superior de los entes públicos se transforma con la tendencia de la administración pública a digitalizar su operación en rubros tan diversos como el pago de transferencias en programas sociales, las operaciones de compra de bienes y servicios, el acceso a servicio de salud, entre otros.

Las nuevas condiciones de salud pública potenciarán esta tendencia. En México, la iniciativa de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia para establecer el buzón de auditoría constituye un paso certero para fiscalizar el gobierno digital, sin menoscabo de su uso para aplicarlo a las transacciones que se llevan de manera tradicional. Abre las puertas, también, para potenciar la fiscalización superior haciendo uso de Big Data para efectuar auditorías transversales y origen-destino en tiempo real.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

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