Es irrefutable que una de las principales preocupaciones que existe sobre el Paquete Económico 2020 es cómo se distribuirán los recursos destinados a los estados y municipios. Dicha preocupación nace, no sólo porque se ve una reducción bastante significativa de ellos, sino porque la misma distribución evidencia la necesidad que tiene nuestro país de impulsar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, así como una revaloración de la cantidad de recursos que retiene la federación. No es mentira que muchas entidades federativas se verán afectadas por este presupuesto, por lo que es importante entender de manera puntual los pormenores de este proyecto en la materia.

Quisiera empezar realizando una breve explicación sobre cómo es que obtienen recursos las entidades federativas. Según lo establecido en nuestra constitución, a través del Presupuesto de Egresos, el gobierno federal tiene la responsabilidad de transferir una cierta cantidad de recursos a los estados y municipios; transferencia que es conocida como el gasto federalizado. Sin embargo, por varias décadas, México ha ido en contra de la tendencia internacional en lo que concierne a esta distribución, ya que el gobierno federal únicamente transfiere 20% del total del gasto a los gobiernos locales, reteniendo el remanente para el ejercicio de distintas acciones normativas como lo es la seguridad nacional.

Por si esto fuera poco, el proyecto de presupuesto de este año revela que, de ese 20% que se figura en el gasto federalizado, en términos reales, existe una reducción de 0.5%; es decir, se está dejando con aún menos recursos al orden de gobierno más cercano a la ciudadanía y a sus problemas.

Esto es algo particularmente preocupante para estados como el mío, Tabasco, el cual se ha visto afectado seriamente por la desaceleración del crecimiento económico nacional. Es innegable que el antes llamado Edén de México, hoy se ve con la grave necesidad de obtener más recursos, razón por la cual estoy convencida de que es necesario impulsar distintas acciones legislativas enfocadas en modificar la repartición del recurso federal y en ampliar el Fondo General de Participaciones.

Recientemente, el secretario de Gobierno de Tabasco, Marcos Rosendo Medina, señaló que una de las formas para compensar la caída de recursos que necesitaba el estado era a través de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), modificando la manera en la que se reparte el Fondo General de Participaciones, de tal forma, que se recompense más al estado, a partir de sus contribuciones petroleras. En lo personal, considero que esto, no sólo es justo, sino necesario, ya que con una mayor captación de recursos el estado podrá incentivar la creación de empleos, así como fomentar la competitividad estatal, ambas que han quedado bastante rezagadas.

Por otro lado, estoy convencida de que, para realmente atender la agenda pendiente de las entidades federativas, es necesario que esta reforma a la LCF contemple un aumento del Fondo General de Participaciones Federales a al menos 25%, tal y como lo propuse dentro de las prioridades de nuestro grupo parlamentario. Como lo mencioné previamente, México ha ido en contra de la corriente internacional en este sentido y es momento de entender que para avanzar en la agenda de desarrollo nacional primero deben atenderse las necesidades desde abajo.

El gobierno federal le ha querido asegurar a las autoridades de las entidades federativas que el presupuesto que han propuesto tiene como prioridad el velar por su bienestar; sin embargo, la realidad es que las cifras no mienten y éstas muestran que, de no existir un cambio radical en la cantidad de recursos repartidos, así como en la fórmula de distribución, los estados y municipios seguirán ocupando el último lugar en la agenda de prioridades del gobierno.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.