Llevo al menos cuatro lustros tratando de comprender la economía cultural de México. En innumerables trabajos periodísticos, lo primero que hemos proyectado es la necesidad de una visión sectorial de la cultura. Es decir, convertir en tema cotidiano las características del sector cultural. Éste se configuró a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Tuvieron que pasar 20 años para que se instrumentara la Cuenta Satélite de la Cultura. En 2014 la incorporó el INEGI al Sistema de Cuentas Nacionales. De esta forma, tenemos un marco confiable –que debe alcanzar un mayor alcance de cobertura– para mirar el comportamiento de los bienes, servicios y productos culturales en la economía nacional.

El sector cultural tiene distintos componentes en su ámbito de producción. Se integra por una intervención privada, es decir, de unidades económicas que representan el porcentaje más alto del PIB cultural, el 2.6% del 3.4% total al año 2015 (con el reciente ajuste del año base a 2013, lo cual representa un cambio brutal). En la cifra, la gestión pública en actividades culturales aporta el 0.2% (una baja impresionante) y lo que INEGI denomina “producción cultural en los hogares”, el 0.6% (la cual sigue siendo increíble). Dicho en otras palabras, esta composición encierra los flujos de tres grandes actores, el público, el social y el privado. Hay además herramientas que alimentan la mirada sectorial, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Sin duda nos encontramos aún lejos del cabal aprovechamiento del caudal informativo no sólo del INEGI. También de organizaciones como la UNESCO y de consultoras como PwC.

Pero también es cierto que hay numerosas zonas desconocidas en la estructura sectorial. No han sido objeto de investigación permanente ya que no significan interés para quienes deberían de tenerlo, como el sistema de becas y estímulos de las instituciones de educación superior, del FONCA o el Instituto Nacional del Emprendedor. Mucho menos es considerado en labores tan encomiables como la del Centro de Estudios Estratégicos del Sector Privado. Me refiero a asuntos como el marco jurídico de la economía cultural, la caracterización del trabajo cultural, la pertinencia e influjo en la realidad mexicana de nociones como industria creativa e industria cultural, de lo que son las empresas culturales, lo que piensa sus hacedores y las singularidades que les diferencian de otro tipo de negocios.

Los referentes regulatorios son por ello también escasos. En el artículo 3o, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se incluye en este universo desde junio de 2006, a “prestadores de servicios turísticos y culturales”. La Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, promulgada en abril de 2014, en su artículo 2o, fracción XIV, habla de “fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas cumplan previamente con la normatividad aplicable en materia de establecimientos mercantiles”. Mientras que en el artículo 3o, fracción XIV, define “Industrias creativas: Aquéllas que comprenden los bienes y servicios derivados de actividades económicas con atributos culturales. Entre ellas, las relacionadas con las artes visuales, literatura y publicidad, diseño, animación digital y multimedia, música, gastronomía, y todas aquellas en cuyo proceso de elaboración se incorporen expresiones artísticas o creativas”.

Con el propósito de contribuir al conocimiento de las empresas culturales y alentar la discusión sobre su desempeño, realicé una investigación la periodística “Retablo de empresas culturales”. Seguimos la siguiente semana.

Eduardo Cruz Vázquez

Periodista

En el paredón

Periodista, gestor cultural y exdiplomático, experto en economía cultural, formación de emprendedores culturales y gestores de diplomacia cultural