La Ciudad de México ha dado un nuevo paso en sus esfuerzos por inyectar tecnología digital a todo lo relacionado con la administración pública, incluidos los servicios de atención y prevención de la salud, con la imposición a los ciudadanos de que informen con un código digital (conocido como QR) al gobierno cada vez que quieran ingresar a un comercio u oficina en la ciudad. Este nuevo sistema de vigilancia obliga al ciudadano a realizar un registro digital con su teléfono para que un equipo de personas que monitorea la propagación del coronavirus determine si se estuvo en un espacio donde antes hubo un contagiado (o sea, la alerta se produce después de que el ciudadano estuvo en riesgo).

Este sistema de seguimiento, creado en el contexto del combate a la pandemia de coronavirus, es un nuevo avance hacia una ciudad hipervigilada, lo que no necesariamente tendrá como consecuencia una ciudad más segura ni una más habitable. Es la construcción paso a paso, con hardware y software, de un Big Brother en la ciudad. A través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la poderosa oficina que dirige Pepe Merino, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha instalado nueva infraestructura tecnológica o amplía la existente con los objetivos declarados de ejercer un gobierno digital, de ampliar las capacidades de vigilancia (policial, epidemiológica, de rendición de cuentas) y de hacerse de información para el diseño y ejecución de políticas públicas.

Algunos ejemplos de cómo se construye el Big Brother de Sheinbaum: miles de nuevas cámaras de videovigilancia en calles y espacios públicos, conectadas a un sistema que permite a los particulares conectar sus propios equipos al sistema global de vigilancia; nuevas exigencias informativas para los actores de la economía digital, como Uber o los proveedores de servicios de micromovilidad (patines eléctricos, bicicletas), para que informen sobre desplazamientos de usuarios y conductores; instalación de sistemas de reconocimiento facial en instalaciones públicas como la Central de Abasto o en equipamiento policial como las patrullas; restricciones de servicios públicos antes libres y anónimos, como la revisión de infracciones de tránsito en internet, para obligar a la tramitación y uso de una identificación digital ciudadana (la Llave CDMX), y el monitoreo de patrones de movilidad a partir de la vigilancia de teléfonos móviles, como medida para contener la propagación del coronavirus.

Antes de continuar, una descripción. Se conoce como Big Brother a la sociedad zombificada por medio del control, el monitoreo y la vigilancia de un “gran hermano” (que representa al gobierno autoritario y represor) que todo lo ve y todo lo sabe, que impone códigos de conducta y determina castigos. Este sistema se autolegitima todo el tiempo con propaganda exhibida en pantallas que nadie puede evitar y con la repetición de mensajes llenos de retórica y eufemismos que alteran los hechos y diseñan una realidad que conviene al gran hermano.

Para contener críticas al sistema de vigilancia con códigos QR y tranquilizar a quienes se preocupan por la seguridad de la información personal de los ciudadanos, el responsable de tecnología e inteligencia en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, dijo al sitio de noticias Animal Político que “el gobierno capitalino recopila datos sensibles de la ciudadanía todos los días, sin que se hayan registrado reportes de la vulneración de la información durante el periodo de la administración actual”.

Veamos: la “administración actual” se inició el 5 de diciembre de 2018. Entre agosto de 2019 y agosto de 2020, un sistema digital de atención ciudadana creado y administrado por la ADIP —donde trabaja Clark— permitió la descarga sin contraseñas ni otras medidas de seguridad de comunicaciones que contenían datos personales de denunciantes o quejosos. La ley entiende como una vulneración de la información el acceso no autorizado a los datos personales, como ocurrió en este caso (artículo 38º, LGPDPPSO).

No hay manera de que un gobierno con instinto de Big Brother evite el tratamiento de los datos personales y sus riesgos inherentes, como los cibernéticos (vulneraciones y exposición no autorizada de la información personal), o la posibilidad de usos fuera de la ley, como para el perfilamiento individualizado, el registro, conservación y análisis de huella digital o la extracción ilegítima de valor (el valor puede ser simplemente estadístico e incluso anecdótico, pero también puede tener intenciones comerciales, como en el caso del SAT y sus servicios de identificación biométrica). Lo claro, sin embargo, es que el monitoreo y la vigilancia de los ciudadanos forman parte del programa político de Sheinbaum.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.