Las secretarías de Economía y de Energía incumplieron con la orden del juez Juan Pablo Gómez Fierro de publicar una notificación para todos los importadores de petrolíferos e hidrocarburos haciéndoles extensiva la suspensión de las nuevas reglas que ambas secretarías publicaron en diciembre pasado. El plazo que impuso el juez venció ayer lunes, 1 de marzo, pero hoy martes, poco después de las 9 de la mañana, la Secretaría de Energía le pidió al juez una prórroga, porque, entre otras cosas, “se encuentra realizando la cotización del pago necesario para estar en posibilidad de presentar la solicitud de publicación” en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Gómez Fierro resolvió el 22 de febrero pasado que debía otorgarse el amparo de la justicia federal a un participante del sector energético que se dijo afectado por las nuevas reglas publicadas por Economía y Energía el 26 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, ordenó la suspensión definitiva de ese marco reglamentario. Pero —señaló Gómez Fierro— el amparo no podría otorgarse a un solo importador sin afectar la competencia, por lo que resolvió que la suspensión definitiva se hiciera efectiva para todos.

Cito las palabras exactas de Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con especialización en competencia económica: “De otorgar una medida cautelar con efectos concretos para la quejosa, este Juzgado de Distrito no sólo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes del sector, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente lo que esta medida cautelar busca evitar”.

Y ahí entran Economía y Energía: el juez les ordenó avisar a todos los participantes del mercado de importación de hidrocarburos y petrolíferos a través de una publicación en el DOF. El domingo publiqué aquí que ese mecanismo de notificación podía funcionar como un veto disfrazado, a pesar de que el incumplimiento del fallo de Gómez Fierro pudiera atraer sanciones económicas y penas carcelarias para los responsables. La premonición se hizo realidad.

Hoy por la mañana, un representante de la Secretaría de Energía pidió al juez, con base en el expediente 16/2021 y con fecha del auto del 1 de marzo, “una prórroga para dar cabal cumplimiento” a la sentencia: avisar de la suspensión a través del DOF, “Tomando en consideración que existen indicios de que la dependencia requerida se encuentra realizando las comunicaciones internas para realizar la publicación ordenada en la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintiuno”.

Este veto disfrazado de Economía y Energía es también una práctica dilatoria. Es dejar para mañana lo que obligadamente tenían que haber hecho ayer. Algún día van a cumplir con la publicación en el DOF, no tienen de otra, pero no deja de ser otra demostración sobre la complicada relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial en un tema de máximo interés para el presidente López Obrador: la construcción del nuevo andamiaje regulatorio para el sector energético... por las buenas o por las malas.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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