Las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en materia económica durante estos primeros meses de gobierno ya tienen sus consecuencias. La más relevante de ellas es que se ha confirmado que nuestra economía nacional está en plena desaceleración, y que en su mejor pronóstico creceremos no más de 1% del PIB. Para contrarrestar esta inercia, la Secretaría de Hacienda anunció un programa de terapia intensiva para dinamizar la economía. ¿Es viable? ¿Cumple con lo establecido en la ley? ¿Podrá recuperar la senda de crecimiento que manteníamos en los últimos años? Veamos algunos de los componentes de este programa de más 485,000 millones de pesos.

Lo primero que llama la atención es que 76% de este recurso son créditos, una parte importante destinada a miles de micronegocios, pequeñas y medianas empresas. Cuando el grupo mayoritario determinó desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), en tribuna les expliqué que justamente en épocas de desaceleración económica, como las que se venían, la experiencia internacional determinaba que para compensar se necesitaba apoyar el emprendedurismo, especialmente a las mipymes, que constituyen 90% de las unidades económicas en el país; además, que todos los países exitosos en este tipo de políticas públicas lo habían hecho de la mano de una agencia especializada. La realidad les alcanza ahora, y ya no tenemos Inadem para poder canalizar estos recursos.

Otra parte importante del programa es que se liberarán créditos para inversión en infraestructura “sin impacto presupuestal” y con el apoyo de la Iniciativa Privada. En diversas ocasiones he sostenido que lo que México necesita es más inversión, inversión pública inteligente que nos ayude para que la Iniciativa Privada también invierta. No sólo es que se quedaron muy cortos en los recursos autorizados en esta materia en el año y que pretenden arreglarlo ahora, lo complicado es que acciones como la revisión de los contratos de las rondas petroleras o la cancelación de megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México han disminuido fuertemente la confianza de los inversionistas sobre la situación económica y la credibilidad de nuestros funcionarios federales. Sin esta confianza me parece complejo que los empresarios acompañen al gobierno en estos planes.

También pretenden ilegalmente adelantar licitaciones (o quizás más asignaciones directas) programadas para el 2020, por 116,000 millones de pesos. Este aspecto me resulta muy preocupante, especialmente porque la aprobación del presupuesto es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados y ni siquiera hemos recibido el Paquete Económico para el año entrante. No puedo negar que, aunque las intenciones parecen buenas, siempre se tiene que respetar el marco legal de nuestra Constitución y las leyes que norman los recursos públicos. Además, no puedo pasar por alto que hay subejercicios acumulados por más de 175,000 millones de pesos derivados de la centralización de las compras, y que, a pesar de esto, han anunciado el uso del fondo de estabilización, mismo que fue creado para usarse en caso de una crisis económica, no como consecuencia de malas decisiones tomadas.

Desafortunadamente, esta terapia intensiva ya fue cuestionada, particularmente por la calificadora Moody’s, la cual señaló que las medidas anunciadas no eran suficientes para cambiar la expectativa de crecimiento del país, ya que ponen en riesgo las ya débiles finanzas públicas. Lo que necesitamos es que el secretario Herrera mantenga una política de total transparencia y nos precise una explicación sobre los pormenores de este plan, el cual hasta el momento pareciera no tener ni pies ni cabeza. Hay un acuerdo para verlo este próximo miércoles en Comisión Permanente. Será interesante escuchar como defienden lo indefendible.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.