Hace unos días se dieron a conocer las renuncias de uno de los subgobernadores del Banxico y del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los procesos previstos para el nombramiento de estos cargos involucran a los poderes Ejecutivo y Legislativo federal. Estas colaboraciones institucionales permiten que los mecanismos de pesos y contrapesos del Estado funcionen adecuadamente. En el Poder Judicial de la Federación también se avizoran cambios importantes en la integración de dos de sus principales órganos: la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Vale la pena tener en cuenta esta condición, sobre todo por la función de contrapeso que ejerce el Poder Judicial sobre los otros dos órganos y cuya integración, dada su eventual renovación, depende precisamente de la participación de los restantes poderes de la Unión.

El viernes 30 de noviembre concluye su periodo constitucional como ministro de la Suprema Corte, el doctor José Ramón Cossío Díaz. Fue el primer ministro que integró el relevo generacional de la novena época tras la reforma judicial de 1994. En los 15 años de su periodo ha participado en la solución de miles de casos de toda índole. Durante su mandato y, más aún, bajo su propuesta, se modificó la justicia constitucional en México, entre otros casos, tras las resolución del Varios 912/2010, relativo al cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trasfondo era el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, pero que implicó la posibilidad de que todos los órganos jurisdiccionales del país lleven a cabo un ejercicio de control de convencionalidad.

El proceso de renovación para ocupar el cargo de ministro inicia con el aviso de la vacante por parte del presidente de la Corte al resto de los poderes de la Unión. Posteriormente, el titular del ejecutivo propone al Senado una terna, de entre quienes deberá elegirse, por una mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores, a quien habrá de ocupar el cargo. La designación de quien ocupe el lugar del ministro Cossío Díaz será crucial en la definición de quien ocupe la próxima presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo del 2019 al 2022.

Sin embargo, el mayor cambio se dará en el Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con la Constitución, el Consejo se integra por siete miembros: tres son nombrados por la Suprema Corte, de entre los magistrados de Circuito y jueces de Distrito del propio Poder Judicial, mediante un procedimiento de selección al que los propios interesados se registran; dos son nombrados por el Senado de la República, y uno es designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Existen iniciativas para reformar esta manera de selección e integración, y que sea el Senado quien en exclusiva designe a los miembros del Consejo de la Judicatura, que su presidencia no corresponda al presidente de la Suprema Corte, sino que sean órganos totalmente independientes y que los integrantes del Consejo sólo provengan del propio Poder Judicial. Es importante que tengamos en cuenta, dados los cambios y posibles reformas que nos esperan, que el fortalecimiento de las instituciones vía los procesos de colaboración en la designación de sus integrantes genera una división de poderes más sólida y, en última instancia, un sistema democrático más sano.

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