En estos días, varios integrantes del partido Morena han delineado los temas que habrán de impulsar tanto en el Congreso como en la administración pública, relacionados con la reforma educativa, la austeridad en el gasto público, seguridad, entre otros. Se han emitido propuestas que vale la pena analizar y cuyo desarrollo habrá que ver en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre y, sobre todo, su implementación al inicio del próximo sexenio. Una propuesta que llama la atención es la desaparición de las delegaciones que las secretarías de estado tienen en cada entidad y concentrar las funciones de éstas en un coordinador general nombrado por el presidente de la República. Éste es un cambio fundamental en la forma de administrar el gobierno federal. La razón que se aduce para esta política pública es generar economías y ahorros; no obstante, ésta incidirá, de manera fundamental, en la relación entre la federación y los estados y, en términos generales, en el funcionamiento cotidiano del federalismo y de hacer política a nivel local.

En el modelo actual, las 18 secretarías de estado que conforman parte de la Administración Pública Federal y que son las encargadas de administrar y ejecutar los programas del gobierno federal cuentan con delegaciones estatales, que son las encargadas de llevar a cabo las funciones de cada una de ellas en cada entidad. Pensemos, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuyas oficinas se lleva a cabo, entre otros, el trámite para la obtención de los pasaportes. En otros ámbitos se llevan a cabo programas muy importantes como Prospera, Procampo, entre otros, pero la ruta es muy similar al ejemplo del pasaporte. Las personas acuden a las delegaciones estatales para llevar a cabo la inscripción a estos programas y a la delegación compete —de acuerdo con las normas de operación— determinar su procedencia.

De concretarse esta propuesta, las delegaciones se fusionarían en torno a un coordinador estatal, designado por el Ejecutivo federal. Lo anterior tiene varias lecturas. En primer lugar, la razón que se aduce para llevar a cabo este importante cambio es el ahorro que representa. Actualmente, estas estructuras suman más de 500 oficinas de representación a nivel nacional, con el cambio, ello implicaría reducir ese número a 32 coordinaciones. Se ha mencionado que los coordinadores estatales tendrán como tareas la aprobación del gasto, las licitaciones y la vigilancia de programas sociales, por citar los más importantes. Incluso ha circulado ya una lista de quiénes podrían ocupar estos cargos.

Además de las funciones enunciadas, el coordinador federal naturalmente tendría que conducir la relación entre la federación y cada gobierno local. Ante esta propuesta, es importante hacernos algunas preguntas que nos ayuden a dimensionar el impacto que podría tener la implementación de una política pública como la enunciada: ¿qué papel jugarán estos funcionarios frente a los gobernadores? ¿Se trastocará un equilibrio político entre entidades federativas y el gobierno federal? ¿Bajo qué condiciones técnicas se les nombrará, dado que asumirán tareas tan disímbolas como hacer carreteras y procurar el campo? De concretarse esta propuesta, se iniciará una nueva era de federalismo. Si bien la razón que se da para ello es el ahorro y economía que se generaría, esto implicará una nueva forma de hacer política en los estados, y como sociedad debemos estar atentos al cambio.