El gobierno de la 4T se ha empeñado en desmantelar a la administración pública con la finalidad de hacer una transferencia masiva de recursos a programas de subsidios clientelares y a proyectos fantasiosos e irracionales. Esto, en la medida en que carece de una jugosa renta petrolera como la que disfrutó Chávez en Venezuela. Se ha ensañado particularmente con el sector ambiental (Semarnat), despojándolo de presupuestos, recursos humanos y capacidades operativas. Los recortes ahí han sido brutales, por ejemplo 40% a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como la cancelación del fideicomiso que financia las actividades fundamentales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Además de implicar el abandono de bosques comunitarios, programas de pago por servicios ambientales, parques nacionales y reservas de la biósfera, programas satelitales de detección de puntos de calor y proyectos vitales para la conservación de la biodiversidad y de especies en riesgo, la embestida del régimen contra el medio ambiente ha implicado la inhabilitación de las instituciones para prevenir y combatir incendios forestales. El gobierno canceló el Programa de Empleo Temporal (PET), con el cual se integraban, capacitaban y equipaban las brigadas de prevención y combate a incendios formadas por campesinos. También canceló los presupuestos y dejó acéfala a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came). Los resultados están a la vista.

Peor. Por otro lado, en una jugada de pinzas, el régimen ha emprendido programas de subsidios agropecuarios al viejo estilo, consistentes en precios de garantía, programas de repoblación ganadera, y de siembra de árboles frutales y maderables, que alcanzan 5,000 pesos por hectárea. Al igual que ocurrió en el pasado, con ello, el gobierno de la 4T está creando incentivos perversos para que ejidatarios, comuneros y propietarios individuales redoblen sus acciones de quema y desmonte de acahuales, bosques y selvas, con la finalidad de ampliar la frontera agropecuaria y hacerse acreedores a los subsidios, empujando una nueva oleada de deforestación en el país. Ésa es la causa de la multiplicación de incendios, ya que en México persisten prácticas vetustas y bárbaras de quemar las tierras en preparación para realizar actividades agrícolas o ganaderas. El chapeo y los desmontes con fuego en sí mismos impactan severamente a la biodiversidad y a la calidad del aire por la emisión de partículas inhalables que afectan a la salud (PM 2.5), aparte de generar grandes volúmenes de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, más aún cuando —como es frecuente— salen de control y se convierten en incendios que se propagan con rapidez. México en llamas.

Las consecuencias de esta acción de pinzas son previsibles y han quedado patentes a lo largo de las últimas semanas en buena parte del territorio nacional. Este es el contexto de las contingencias ambientales que se han vivido en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en donde, adicionalmente, concurren otros procesos de deterioro en la calidad del aire, fundamentalmente por las emisiones de más de 6 millones de vehículos automotores que inducen contaminantes fotoquímicos como es el ozono. Recordemos que los peores episodios de contaminación fotoquímica en la historia de la ciudad se vivieron a fines de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, cuando se tomaron medidas radicales para combatirla y que permitieron un literal respiro a la metrópolis de por lo menos dos décadas, al grado de que el tema casi se olvidó. Ahora, el volumen creciente de consumo de combustibles por parte de un número cada vez mayor de vehículos, como consecuencia de los privilegios que los gobiernos les han otorgado (autopistas urbanas, segundos pisos gratuitos, estacionamientos, gasolina barata, transporte público deteriorado e insuficiente) compensa con creces los avances tecnológicos. Lo anterior hace que nos enfrentemos a nuevos episodios de degradación severa en la calidad del aire por contaminación fotoquímica (ozono). Estos son más impactantes cuando coinciden, como en estos días, con incendios forestales y agropecuarios (partículas PM 2.5). Los episodios de contaminación tienden a agudizarse cuando en la atmósfera se observan fenómenos de alta presión y de inversión térmica que impiden la dispersión de contaminantes, como ha ocurrido también recientemente, y cuando las autoridades carecen de políticas de contingencia y de protocolos adecuados de actuación.

En fin, se trata de una crisis autogenerada por la 4T, y que se inscribe dentro de una ya larga lista de atropellos de este gobierno en contra de la sustentabilidad, de los ecosistemas y del medio ambiente (asunto que he tratado en otros artículos), y que es consecuente con la omisión e ignorancia casi total del tema en el Plan Nacional de Desarrollo, y con la —de otra manera inexplicable— ausencia y desinterés de quien debiera haber asumido la responsabilidad política y técnica de la crisis: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.