La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas fue promulgada seis meses antes de que concluyera el sexenio calderonista. Además de los servidores públicos que intervengan en las licitaciones de carácter federal, son sujetos obligados a la observancia de este ordenamiento las personas físicas y morales mexicanos o extranjeros que participen en las compras al gobierno, ya sea como interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos.

Entonces, ni siquiera estaba perfilado el Sistema Nacional Anticorrupción. Y no obstante el cuadro de sanciones que contempla, pocos funcionarios y contratistas han sido castigados. Por lo mismo, en los órganos legislativos aún buscan endurecer las sanciones contra funcionarios y contratistas corruptos. Allí está, por ejemplo, la iniciativa del senador perredista Luis Humberto Fernández Fuentes quien ocupó el escaño que dejó Manuel Camacho Solís para equiparar los actos de corrupción con el crimen organizado.

Uno de los casos más sonados de la aplicación de esa legislación calderonista ocurrió tras de la asignación de los contratos para la adquisición de más de 1,900 claves de medicamentos y materiales de curación, asignadas por el IMSS.

Para la compra de un lote de Adriamycin un fármaco utilizado contra el cáncer SAVI Distribuidores presentó un registro sanitario presuntamente otorgado a Zurich Pharma que en realidad estuvo asignado a Laboratorios Best. La Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IMSS aplicó la ley calderonista y decretó una inhabilitación por cinco años y una multa por 70 millones de pesos.

Las compras consolidadas, simplemente no podían quedar bajo cuestionamientos. Para ahorrar recursos, sobre todo, pero también para incentivar la competitividad y la rendición de cuentas, el gobierno federal implementó este sistema, que en los últimos dos años ha involucrado a cinco dependencias federales, 20 gobiernos estatales y la totalidad de los institutos de salud.

El Órgano Interno de Control del IMSS actuó contra SAVI el pasado 30 de marzo. Los representantes legales de la firma tramitaron un recurso de revisión, pero la sanción fue ratificada el 30 de junio. El plazo de inhabilitación quedó firme y caducará el 13 de febrero del 2020. ¿La causa? La empresa simuló el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y presentó documentación no veraz ante la convocante .

¿SAVI incurrió en un acto de corrupción o solo en falsificación de documentos? En el último semestre, sus directivos han salido a defender su reputación, ante denuncias periodísticas y media docena de comunicados anónimos que circulan entre las farmacéuticas.

Fármacos Especializados es la principal beneficiaria de todo lo que está ocurriendo , sostuvo el ingeniero Francisco Villela Ortega en una misiva que dirigió a los socios de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica a finales de septiembre pasado, y de confirmarse que pudiera haber intervenido, de cualquier forma, dentro de la campaña de desprestigio iniciada en contra (sic) de SAVI (...) no solamente se estarían violando todos los principios éticos, de compliance, de sana competencia y de buenas prácticas (...) sino aun más: se estaría incurriendo en responsabilidad civil, administrativa e incluso penal .

Hace dos meses, los directivos de SAVI remitieron una extensa misiva a la industria farmacéutica para sustentar su defensa y explicar y aclarar (...) cualquier duda . ¿Qué tan eficaz resultó ese control de daños? En otra vía, los socios de SAVI tramitaron una denuncia penal ante la PGJDF contra quienes resulten responsables de la presentación del registro apócrifo.

SAVI ahora combate la inhabilitación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En tanto que los magistrados resuelven sobre este asunto, está vigente la resolución del OIC del IMSS, que mandata a las dependencias públicas a abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos en procesos de contratación de carácter federal con dicha empresa, de manera directa o por interpósita persona por el plazo de cuatro años, 11 meses, 29 días.

Dicha sanción, empero, no afecta las relaciones comerciales que SAVI tiene con otras empresas o laboratorios. Y tampoco se aplica a las participaciones que sus directivos o socios tengan en otras compañías del sector.

Francisco Villela y Javier Salazar afrontarán la prueba de fuego en el fallo de las 223 claves recién convocado por el IMSS. Una licitación que rebasa los 6,000 millones de pesos, donde Fármacos Especializados puja por 36 claves. ¿Y SAVI? No aparece entre los oferentes, entre los que destacan: Dimesa, de Alejandro Álvarez, que va por 63; la empresa de Francisco Pérez Fayad puja por 36; Ragar, de Ernesto Obregón, por 19; CPI, de Gerardo Morán, por 19; Grupo Fyrme, de Jorge Suárez, por 10; Ralca, de Alberto Ramírez de Aguilar, Maypo, de Carlos Arenas, y Pentamed, de Humberto Tello, van por seis, cada una; y Marzam, de José Alberto Peña, por una sola clave. Ahora mismo corre la versión de que SAVI trataría de colarse, en su calidad de distribuidor de los medicamentos de la alemana Boehringer, en apoyo de Marzam. ¿Más fuego amigo?

Villela y Salazar no están inhabilitados y a través de su empresa Alianta una firma de servicios de administración y operación de Unidades de Salud con 18 años de experiencia podrían asociarse con otras distribuidoras y concursar en la próxima licitación para la compra consolidada de medicamentos en el 2016. Ambos, además, participan en Alternavida, dedicada al mismo ramo.

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