En México, la política de competencia tiene su origen en el Artículo 28 constitucional (contiene el derecho de la sociedad de beneficiarse de los efectos de un mercado en competencia).

La Ley Federal de Competencia Económica tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios .

No obstante, existen contratos, convenios o arreglos entre competidores, cuyo objeto o efecto es fijar o manipular precios de venta o compra; fijar o restringir la oferta o la demanda; dividir o repartir mercados y coordinar posturas en licitaciones públicas.

También hay prácticas que realiza un agente económico con poder sustancial, con el objeto o el efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas (restricciones a proveedores o distribuidores; venta condicionada de un bien a la compra de otro; distribución exclusiva; ejercer presión entre varios competidores contra otro, etcétera).

La competencia es deseable para los consumidores, sin embargo, el grado de competencia no es el mismo en todos los mercados. Por ello, entre otros factores, los precios al consumidor varían en forma diversa.

Según la clasificación del consumo individual por finalidades, los rubros del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con las ponderaciones más grandes son: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (23.8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (18.9%) y Transporte (14.0%). Los energéticos (electricidad, gas y gasolina) representan 9.5% del gasto de los consumidores y los servicios cuyas tarifas son autorizadas por el gobierno (suministro de agua, transporte urbano, cuotas de autopistas, estacionamientos y trámites vehiculares), 5.3 por ciento.

El INPC creció 40.6% entre el primer trimestre del 2003 y el mismo periodo del 2011. Los energéticos aumentaron más: gasolina de bajo octanaje, 56.5% (11.9% entre enero-marzo del 2010 y los mismos meses del 2011); gas doméstico, 54.6%, y electricidad, 52.0 por ciento. El incremento del subíndice de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno fue de 53.5 por ciento.

Estas variaciones contrastan, por ejemplo, con las de los aparatos electrónicos. En el lapso mencionado, el precio promedio de los reproductores de video disminuyó 19.3%; el de las computadoras, 15.6%; el de los televisores, 10.6%; el de los equipos y reproductores de audio, 6.7 por ciento.

El de los automóviles subió 17.7% y el del servicio telefónico local fijo bajó 10.3% (para el servicio de telefonía móvil aún no puede hacerse una comparación igual, pues apenas en enero del 2011 se incluyó en el cálculo del INPC).

En México tenemos únicamente un proveedor de gasolina de bajo octanaje y de electricidad; éstas tienen un gran peso en el gasto de los consumidores (3.68 y 3.56%, respectivamente) y su precio aumenta mucho. En telefonía (fija o celular), cuya importancia es menor (1.52 y 1.45%), hay opciones.

El Banco de México todavía tiene el mandato legal de elaborar y difundir el INPC, pero finalizará el próximo 15 de julio. A partir de entonces, el INEGI tendrá esa responsabilidad, según lo prevé la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada el 16 de abril del 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

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