Un juez federal ha ordenado al IPAB la creación de 17 reservas de dinero para garantizar el reembolso de las inversiones de clientes afectados por el cierre de Banco Ahorro Famsa. En total hay 2,440 clientes afectados cuyos ahorros en Famsa superaban el monto máximo asegurado por el IPAB (hasta 2 millones 578,066.40 pesos). Son los clientes que más dinero tenían en Famsa y son los que más sufren para recuperarlo, con la posibilidad de que su patrimonio sea utilizado para pagar a otros acreedores del banco.

Las autoridades financieras cancelaron la licencia de Banco Famsa en junio de 2020 porque, entre otras cosas, sus accionistas se hicieron préstamos de dinero que excedieron el capital del banco. En lugar de banco dejaron un cascarón. La lista de irregularidades es larga. No hay nadie en la cárcel ni en proceso penal ni administrativo ni civil. Los únicos que visitan los tribunales son los ahorradores afectados, que intentan cualquier mecanismo que les permita recuperar su dinero: desde la protesta en la vía pública, los llamados a las autoridades financieras y las demandas de protección judicial, todo con la intención de evitar que su dinero sea utilizado para cubrir la mala gestión.

El juez Édgar Ulises Rentería Cabañez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, ha resuelto a favor de 17 clientes, quienes acudieron a solicitar el amparo federal y pedir una suspensión en el proceso de liquidación de Famsa que encabeza el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario). El domingo publiqué aquí sobre uno de esos 17 casos, que en conjunto representan apenas 0.7% del total de clientes con excedentes superiores al seguro del IPAB (400,000 unidades de inversión, Udis, o el equivalente a 2.6 millones de pesos).

Estos clientes que excedieron la cobertura del IPAB también son acreedores de Famsa, pero la Ley de Instituciones de Crédito los coloca en la quinta posición del orden de prelación, la lista conforme a la cual se pagan las deudas de Famsa. Con el dinero que quedaba en las cuentas del banco y la venta de los activos (propiedades, cartera de crédito) se pagará primero a los trabajadores, luego al fisco, a continuación a otros acreedores privilegiados (la ley no es clara sobre quiénes son) y, por último, a los clientes con ahorros excedentes.

Se calcula que en conjunto estos ahorradores tenían saldos promedio de 3 millones 700,000 pesos. No hablamos de millonarios de Las Lomas en Ciudad de México ni de Chipinque en Monterrey, sino de pequeños inversionistas que confiaron su dinero a Famsa y hoy están en riesgo de perderlo por el diseño de una ley que los etiquetó de quinta clase.

Es el peor de los mundos: estos usuarios de la banca son ahora acreedores víctimas de su propio ahorro. Fueron convencidos por las promesas de Banco Ahorro Famsa de excelentes rendimientos (en los meses previos al cierre, Famsa ofreció 9% de retorno en plazos de tres meses) y tasas crediticias preferenciales.

Los amparos revisados por el juez Rentería Cabañez solicitan la protección de la justicia federal por la desviación del espíritu de la banca comercial, que significa captar dinero del público para colocarlo en el público, no en las cuentas personales de los accionistas de un banco. También reclaman al verse perjudicados de un procedimiento regulatorio (la liquidación del banco por insolvencia) del que ni siquiera se les notificó con tiempo: nadie les avisó que serían víctimas de robo en despoblado, cuando los reguladores financieros conocían de los problemas del banco desde marzo de 2019.

Otra demanda de los quejosos es sobre violencia institucional en su tipo patrimonial, por actos y omisiones de las autoridades que ponen en riesgo la supervivencia de los quejosos quienes no pueden acceder libremente a su dinero para satisfacer necesidades alimentarias, de salud, de vivienda, de seguridad. Pensemos, por ejemplo, en adultos mayores que confiaron a Famsa todo su capital para obtener beneficios para una vejez digna.

El caso de Banco Ahorro Famsa representa la primera liquidación de una institución de banca múltiple bajo la nueva regulación en la materia y es la primera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La forma de resolver la liquidación de Famsa obligadamente pasa por atender en primer término a los ahorradores. Ellos son los que menor responsabilidad tienen en la pésima gestión administrativa y financiera del banco, pero a como están las cosas hoy son los que más van a perder.

Si la liquidación de Famsa concluye sin devolver su dinero a todos los clientes del banco estaremos ante un fracaso del sistema, cuyo mensaje será: No dejes en los bancos más del dinero asegurado por el IPAB: 2 millones 578,066.40 pesos o asume el riesgo de perder el excedente en cualquier momento.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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