El Banco Famsa se encuentra en liquidación judicial. Como sabemos, la autoridad ordenó la revocación de licencia del banco el 30 de junio de 2020, revisó los estados financieros, el inventario de activos del banco, ordenó una auditoría y, al final, se encontró con que el faltante del banco ronda los 20,000 millones de pesos (19,377 millones, como consta en el expediente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México). La cantidad es totalmente diferente al capital contable a favor de 5,142 millones de pesos que documentó la CNBV cuando ordenó al IPAB dirigir el proceso de liquidación. En pocas palabras: la situación de Famsa es muchísimo peor de lo que se pensaba.

Saturada de trabajo, la jueza Concepción Martín Argumosa ordenó la liquidación judicial el 10 de noviembre, luego de conocer el saldo del balance inicial de liquidación, que ofrece un panorama bastante sombrío para todos los involucrados con la institución de banca múltiple Banco Ahorro Famsa, S.A. En términos de restitución de capital, nadie saldrá bien de este proceso de liquidación.

La jueza confirmó lo que la CNBV (la sigla de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador financiero de México) le notificó con anterioridad como motivos para la revocación de licencia de Famsa y su inmediata liquidación administrativa: 1. se excedió el límite de préstamos a los propios accionistas del banco por 1,812 millones de pesos; 2. se identificó un registro equivocado de pagos anticipados de la institución que alteraron el índice de capitalización al que estaba obligada (ICAP); 3. hubo un registro indebido de la cartera adquirida por Famsa de Impulsora Promobien S.A. de C.V., dedicada a la asesoría financiera y la colocación de créditos personales, y 4. se encontraron inconsistencias en el cálculo de reservas de cartera de consumo no revolvente.

Pero en detalle la lista es larga: hubo subvaluación de las reservas de crédito, se contabilizaron mal los pasivos contingentes relacionados con procesos legales; hubo diferimiento de gastos operativos y gastos no recurrentes. Digamos que la gestión financiera de Famsa da para un seminario sobre cómo no debe administrarse una institución de banca múltiple.

Banco Ahorro Famsa presentaba problemas financieros desde 2018. La autoridad lo supo a mediados de marzo de 2019. Impuso condiciones a los administradores del banco para dejarlos operar. Famsa hizo de todo, desde aceptar que sus accionistas inyectaran capital en forma de propiedades (que al final resultaron un remedio más tóxico de lo que se esperaba resolver) u ofrecer beneficios espectaculares a nuevos ahorradores con la intención de conseguir flujo de efectivo y alcanzar el índice de capitalización.

Ya no hubo tiempo: fue una carrera contrarreloj que además se vio afectada por la pandemia de coronavirus. Quien vive al filo del precipicio sabe que cualquier tropezón puede desbarrancarlo. (A modo de paréntesis: algo parecido le ocurrió a la aerolínea Interjet, que en enero ofreció vuelos con descuentos increíbles con la intención de hacerse de caja, sin considerar que un par de meses después un bichito pandémico alteraría por completo cualquier plan financiero). 

Ahora hay por lo menos 938 trabajadores de Banco Famsa despedidos y 2,440 clientes con saldos promedio de 3.7 millones de pesos no asegurados por el IPAB y que no podrán cobrar porque ¡no hay dinero! El fisco está nervioso: además de que no podrá cobrar, el banco sigue produciendo gasto operativo (el IPAB lo ha reducido a 43%, pero todo suma al balance negativo), sin considerar los costos jurídicos por las 2,000 contingencias legales en proceso. Los acreedores buscan opciones imposibles para recuperar su dinero y la jueza Conchita —a quien tocó resolver el asunto desde el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil— sólo mira con fatiga cómo crece sobre su escritorio el cerro de expedientes por resolver.

Y todo, en una Navidad pandémica.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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