La diplomacia argentina está dando un importante giro en su relación bilateral con Venezuela. Acoge “con beneplácito los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” y “condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos” en Venezuela.

El informe que realizó un grupo de expertos para Naciones Unidas no revela más allá de lo que el mundo conoce, pero asienta de manera oficial y con cifras, los múltiples vectores de terror que nacen en el Palacio de Miraflores: entre mayo de 2019 y mayo de 2020 se registraron 38 ejecuciones extrajudiciales. El informe revela que “desde el 2014 se han cometido los siguientes crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó la resolución 45/L43 presentada por 50 países tomando como base el contenido del informe que Michelle Bachelet presentó el mes pasado y que ella misma calificó de “violaciones atroces” las cometidas por la policía de Maduro.

En la resolución se suscribe que hay “7 millones de personas que requieren asistencia humanitaria debido al agravamiento de la crisis política y económica”. También se clarifica que la “solución (a la crisis) incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera”.

El valor agregado de la resolución aparece a través de una exhortación. Los países la formulan “a los partidos políticos (...) de Venezuela a que pongan en marcha sin demora o apoyen un proceso que posibilite la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, limpias y creíbles con un Consejo Nacional Independiente y un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos”.

México se abstuvo “por la falta de atención a las preocupaciones de nuestra delegación, el incumplimiento del requerimiento procedimental de atender el equilibrio en los argumentos y el interés de nuestro país de que exista una solución que atienda las diferencias entre los venezolanos a través del diálogo y las oportunidades que ofrece el multilateralismo” (comunicado No. 301 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 8 de octubre).

No existe desde una posición humanitaria argumentos de defensa a favor de Diosdado Cabello (el personaje que tiene los hilos que mueven a Nicolás Maduro) después de leer el informe que presentó la Alta Comisionada de Derechos Humanos el mes pasado. “El equilibrio de los argumentos” que no presenta la resolución, según el gobierno mexicano, no es simétrico al poder que ejercen Cabello y Maduro a través del ejército, es decir, a la represión contra opositores.

Es difícil encontrar escenarios viables y efectivos como los  que plantean 50 países: elecciones libres. No hay otra herramienta que logre regenerar la acumulación de vicios antidemocráticos como los que existen en Venezuela.

Se han establecido múltiples mecanismos de diálogo entre Maduro y la oposición, todos han descarrilado. Entre las asimetrías de poder, los perdedores incluyen a los opositores, pero en realidad es la población en general la derrotada.

Si los planteamientos sobre la recuperación del respeto a los derechos humanos que se hacen desde la resolución de Naciones Unidas no son bien vistos por el gobierno de México, lo mejor es que expliquen con claridad cuáles son las propuestas alternativas. Los derechos humanos no son negociables ni requieren de equilibrios políticos ni de concesiones.

Alberto Fernández ha ganado grados de libertad sobre Cristina Fernández. Felicidades.

Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Consultor, académico, editor

Globali... ¿qué?

Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.