Las elecciones en México tienen costos asociados tanto al financiamiento público de partidos políticos como a las actividades que mandata la Constitución a las autoridades electorales, lo que incluye candados de confianza que se han diseñado para dar certeza al voto libre. Es verdad que podrían reducirse presupuestos en muchos rubros, pero eso implica aligerar esos candados o replantearlos, un tema que obliga a decisiones racionales, producto de diagnósticos técnicos, de datos duros, y no de ocurrencias o descalificaciones genéricas.

Es absurdo vincular una reforma comicial a los supuestos fraudes electorales cuando, en realidad, lo que hemos tenido como regla constante es que desde la reforma electoral del 2014 y hasta el 2019, se han cosechado 23 alternancias en gobiernos. Si fuera verdad que el modelo de elecciones es un entramado dispuesto para hacer fraudes, pues sería imposible que las oposiciones ocuparan espacios de poder.

No todo lo electoral es color de rosa, existen por supuesto tentaciones de violar reglas o buscar ventajas indebidas cuando hay campañas, conductas que se presentan de todos colores. Para eso están los árbitros que intervienen y acotan o sancionan en discusiones públicas que los hacen sujetos de crítica. Desaparecerlos argumentando que ya no es necesaria su labor es contradictorio con los discursos que reviven la desconfianza hasta para transitar a la urna electrónica. Por un lado, se piden alternativas de ahorro mayúsculo, pero si se pone una solución que reduciría considerablemente los montos de inversión en organización de elecciones, como quitar el modelo de boletas físicas y pasar al de la urna electrónica (eso sólo reduce al menos 4,000 millones de pesos) entonces se generan resistencias por intuición, dudas superficiales (algunas legítimas) sobre posibles riesgos de fraudes cibernéticos o cartas marcadas ahora electrónicamente, como si esa tecnología no estuviera ya probada en muchos países. De cualquier forma, si prevalece la desconfianza, pues deben prevalecer los candados de confianza y esos cuestan, aunque podríamos avanzar paso a paso para aligerarlos o hacer más eficiente su gasto de implementación.

Algo funciona bien en el modelo de democracia vigente para que los votos cuenten y se cuenten en el sentido que han sido depositados en las urnas. Sería imposible que partidos y candidaturas compitieran con opciones reales de convencer al electorado si no hubiera espacios de razonable equidad para difundir sus ofertas.

Desde esa perspectiva, la clave de cualquier ajuste debe partir de no echar a perder lo que sí funciona y en todo caso identificar, con argumentos que trasciendan el adjetivo hueco, las fallas que pueden corregirse.

Nuestro modelo imprime una boleta para cada ciudadana o ciudadano inscrito en la lista de electores, lo hace en papel seguridad, foliado, con un rodillo especial. Las urnas transparentes se instalan lo más cerca posible del domicilio de votantes y quienes atienden las casillas son nuestros vecinos sorteados, localizados en sus domicilios y luego capacitados por la autoridad electoral para que reciban y cuenten votos.

Son cientos de miles de casillas, miles de capacitadores quienes van a tocar puerta por puerta a funcionarios que las atienden, y en los años 80, antes de que naciera el árbitro autónomo, sencillamente las casillas las montaban empleados del propio gobierno.

Para quienes preguntan si en verdad es tanta ciencia organizar una votación, la respuesta es sí. Tiene una complejidad considerable cuando el universo de electores supera 90 millones, y a eso hay que sumarle las garantías de confianza. De entrada, si hay tres elecciones hay que imprimir unas 270 millones de boletas; si hay consultas populares, otro tanto, a menos que se aceptara papel bond y no seguridad, que no se imprimiera boleta para cada elector y sólo unas cuantas.

El propósito de ahorrar es atendible y debería ser un compromiso de todas las instancias que ejercen recursos públicos, pero sería una involución usar la bandera de austeridad para abrir la puerta a la privatización de la política o para desaparecer instrumentos que funcionan en su parte sustantiva. Sobre esa base, la de cuidar el modelo de democracia que ha dado buenos resultados porque sí ha permitido competencia efectiva, es posible discutir, contrastar visiones y concretar reformas justas, sin imposición o autodestrucción democrática.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada