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A quién beneficia impedir la competencia
Resulta curioso que la autoridad se meta a reglamentar negocios legales con buenas perspectivas y no toque? otros negocios ilegales de altísima rentabilidad.
El inicio de operaciones de dos empresas de transporte de pasajeros privadas, que funcionan mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes, ha sacado a relucir múltiples defectos de la ley que regula el servicio de transporte público de pasajeros denominados taxis, así como irregularidades y excesos de las autoridades en lo que ellos llaman la reglamentación para mejorar el servicio y proteger a los usuarios. En muy pocos días las nuevas empresas se han ganado la confianza de un buen número de usuarios de este servicio, lo que ha incentivado su crecimiento; ni usuarios, ni operadores tienen queja de la empresa ni del servicio que prestan y las tarifas son atractivas, dado el mejor servicio que prestan y la seguridad de los pasajeros, que en todo momento está garantizada.
Resulta claro que un buen ejemplo de éxito no podría pasar limpio ante los ojos de la autoridad y han aprovechado las quejas de los líderes de los taxistas normales, que entre paréntesis, reciben una buena tajada por la supuesta defensa que hacen de su gremio, logrando, entre otras cosas, que no entren prestadores de servicio piratas y que se respeten las concesiones para garantizar que su negocio sea lucrativo siempre. En resumen, autoridades y líderes se benefician de restringir la competencia, claro, a costa de los usuarios, quienes pagan todo tipo de arbitrariedades cometidas por los autorizados, así como sus abusos.
Uno de los principales problemas encontrados en el servicio normal de taxis es el mal estado de los vehículos, ya sea mecánico, o la mala presentación del mismo, por el deterioro causado por el uso de ciertas partes, o simplemente porque están sucios y no están en las mejores condiciones mecánicas. El otro problema es la falta de cuidado de los operadores de su aspecto físico, lo que provoca que en primera instancia el usuario aborde las unidades con cierta desconfianza. Otro problema son los nuevos operadores, quienes se nota que obtuvieron la licencia y su permiso mediante un soborno, ya que desconocen los destinos, las rutas y en muchas ocasiones, ni siquiera saben conducir los vehículos con eficacia y no transmiten confianza a los pasajeros. El otro típico abuso es que al abordar un taxo en ciertas plazas y lugares considerados de lujo, el taxista aplica una tarifa, que él dice que es la autorizada y que claramente resulta por lo menos del doble de lo que costaría un servicio libre abordado en la calle.
Luego de una supuesta consulta, ahora la autoridad dice que va a reglamentar el servicio, lo cual debería poner a todos en alerta, ya que cuando el gobierno se mete a reglamentar, normalmente provoca que un negocio con buena perspectiva de rentabilidad y buen servicio se vuelva poco rentable y pierda paulatinamente sus características de buena calidad y buen servicio.
Resulta curioso, por cierto, que la autoridad se meta a reglamentar negocios legales con buenas perspectivas y no toque negocios de altísima rentabilidad, como son la informalidad, la piratería, el contrabando y la producción y venta de estupefacientes. En esta área hay una enorme área de oportunidad que las autoridades simple y sencillamente ignoran, posiblemente porque están conscientes de que las represalias pueden ser catastróficas para ellos. De esto podemos concluir que sólo se meten a reglamentar y echar a perder negocios en los que saben que no habrán represalias y cuya perspectiva de ganancias es enorme. Es el problema de ser ciudadano de segunda.
