Los inversionistas internacionales están en armas contra el Banco de Portugal por su decisión de mejorar la solvencia de Novo Banco mediante el traspaso de casi dos mil millones de euros de su deuda al banco malo que aglutina los peores activos de Banco Espirito Santo, desde su rescate por las autoridades en 2014.

Tras el anuncio de esa operación el 29 de diciembre, el valor en el mercado de las cinco emisiones de bonos afectadas ha caído casi un 90%, ante la escasa expectativa para los inversionistas de recuperar el dinero prestado.

Los dueños de esos títulos, entre los que figuran grandes fondos como BlackRock, no ocultan su frustración. "Algunos de nuestros clientes están furiosos ante la situación en Portugal", relataba ayer Bill Blain, broker de Mint Partners. "Acusan a los reguladores de conspiración, de intento deliberado de castigar a los inversionistas institucionales e incluso de manipulación de mercado".

Lo que más furor ha causado es la discriminación al traspasar sólo ciertos bonos de Novo al banco malo. La deuda afectada es la sujeta a legislación portuguesa, dejando intacta la vinculada a derecho inglés, que podría haber generado reclamaciones en los tribunales británicos.

Estos golpes, justos o no, recuerdan a los inversionistas el avance de la regulación europea hacia un modelo en que los acreedores asumen una mayor parte de las pérdidas de los bancos con problemas, en lugar de los contribuyentes. Según Alberto Gallo, analista de RBS, " el caso de Novo Banco es un ejemplo de cómo una autoridad nacional puede imponer pérdidas a los bonistas. En el futuro, podría haber más casos en otros países, lo que puede llevar a un ajuste de precios en los bonos de la banca".

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