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Gobierno de Trump busca otra vez revocar la situación legal de migrantes que utilizaron la app CBP One
El gobierno estadounidense detalló su intención en documentos presentados ante un tribunal federal de Boston, donde una jueza dictaminó en marzo que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma ilegal al poner fin a la situación legal de más de 900,000 personas.

Migrantes en Estados Unidos. Foto EE:
El Gobierno de Donald Trump tiene previsto de nuevo poner fin a la situación legal de cientos de miles de migrantes, después de que un juez bloqueara su intento inicial de revocar los permisos de residencia en Estados Unidos concedidos bajo el mandato del presidente demócrata Joe Biden.
El Gobierno detalló su intención en documentos presentados ante un tribunal federal de Boston, donde una jueza dictaminó en marzo que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma ilegal al poner fin a la situación legal de más de 900,000 personas a las que se les había permitido vivir en el país tras utilizar la aplicación CBP One de la era Biden.
La jueza Allison Burroughs fijó el viernes una vista para el 6 de mayo con el fin de considerar la posibilidad de impedir que el DHS lleve a cabo sus planes.
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El DHS no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Bajo el mandato de Biden, a los inmigrantes se les había concedido, por lo general, un permiso humanitario de dos años tras utilizar CBP One, una aplicación que les permitía concertar una cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.
Tras el regreso del presidente republicano a la Casa Blanca, muchos no ciudadanos que habían recibido el denominado "parole" a través del proceso de CBP One recibieron en abril de 2025 un correo electrónico del DHS en el que se les comunicaba que se ponía fin a su proceso y que "era hora de que abandonaran Estados Unidos".
Burroughs, que fue nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, concluyó el mes pasado que el DHS debía revocar las rescisiones de "parole", alegando que el DHS no había proporcionado el registro necesario que demostrara que un funcionario había determinado que se habían cumplido los fines del proceso.


