Una comisión del Congreso recomendó al Ministerio Público abrir una investigación contra la primera dama de Perú, Nadine Heredia, y otras 25 personas por presunto lavado de activos y delito de defraudación tributaria.

El documento de la Comisión de Fiscalización "le sugiere a la fiscalía solicitar el impedimento de salida del país de la esposa del presidente Ollanta Humala", informó este miércoles Gustavo Rondón, presidente del grupo parlamentario.

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"En el documento se hace mención del contenido de unas agendas de propiedad de primera dama donde estarían registradas transferencias de fondos que estarían ligadas a la campaña electoral de Humala entre 2006-2011 y que ameritan una profunda investigación, además de dinero posiblemente no registrado", dijo el legislador del grupo opositor Solidaridad Nacional.

Los integrantes del oficialista partido Nacionalista que integran la Comisión de Fiscalización se retiraron de la sala como protesta al considerar que había prueba nuevas a las ya investigadas por la fiscalía y que "todo era una venganza política".

El informe de la Comisión, que se aprobó por mayoría, también concluye que en los presuntos lavados de activos estarían involucrados Antonia Alarcón, madre de Heredia, la exembajadora peruana en Francia Cristina Velita, y la hermana del presidente Humala, Ivoska Humala, entre otros.

El informe será entregado al fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche, que hace unos meses inició indagaciones sobre Heredia referentes a la entrega de dinero del exterior para la campaña de electoral de Humala entre 2006-2011.

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En el marco de esa investigación, Juárez Atoche y otros dos fiscales se reunieron el lunes con Humala en calidad de testigo.

El mandatario dijo el martes a la prensa que "a mi juicio la investigación empezó al revés porque al primero que debieron preguntar es a mi, porque era el presidente del Partido Nacionalista en ese tiempo, no mi esposa (Nadine Heredia) que era secretaria de Relaciones Internacionales".

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Nadine Heredia es investigada por la fiscalía desde el 2015 debido a presuntos ingresos injustificados por unos 215,000 dólares entre el 2005 y el 2009, cuando era una ciudadana común y la campaña de Humala recibía aportes de empresas venezolanas.

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