La Corte Suprema de EU reduce el poder de las agencias federales tras revocar un precedente de 1984

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un duro golpe al poder regulador federal al revocar un precedente de 1984 que daba deferencia a las agencias gubernamentales en la interpretación de las leyes que administran, asestando una derrota al gobierno del presidente Joe Biden.

Los jueces fallaron 6-3 a favor de las empresas pesqueras que impugnaron un programa gubernamental financiado en parte por la industria que controlaba la sobrepesca del arenque en la costa de Nueva Inglaterra. Se trata de la última decisión en los últimos años de la mayoría conservadora de la Corte Suprema que limita la autoridad de las agencias federales.

El precedente anulado por la Suprema surgió de una sentencia en la que estaba implicada la petrolera Chevron, que había pedido a los jueces que se atuvieran a las interpretaciones razonables de las agencias federales sobre las leyes estadounidenses consideradas ambiguas. Esta doctrina, a la que durante mucho tiempo se opusieron los conservadores y los intereses empresariales, se llamó "deferencia Chevron".

La decreciente productividad del Congreso -gracias a su enorme división partidista- ha llevado a un aumento de la dependencia -sobre todo por parte de los presidentes demócratas- de las normas emitidas por las agencias estadounidenses para hacer realidad los objetivos regulatorios.

El gobierno del demócrata Biden había defendido el reglamento del Servicio Nacional de Pesca Marina en cuestión y la doctrina de deferencia Chevron. El programa de conservación de la pesca se inició en 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump.

La regulación exigía que ciertos pescadores comerciales llevaran a bordo de sus embarcaciones a contratistas gubernamentales y pagaran por sus servicios en el mar mientras supervisaban la captura.

Las empresas -lideradas por Loper Bright Enterprises, con sede en Nueva Jersey, y Relentless Inc, de Rhode Island- demandaron en 2020 al servicio de pesca, alegando que el programa de supervisión excedía la autoridad de la agencia del Departamento de Comercio.

La demanda de los pescadores contó con el apoyo de varios grupos de interés conservadores y empresariales, incluida la red del multimillonario Charles Koch. El litigio forma parte de la denominada "guerra contra el Estado administrativo", un esfuerzo por debilitar la burocracia de las agencias federales que interpretan las leyes, elaboran las normas federales y aplican las medidas ejecutivas.