Después de dos días sin poder llegar a un acuerdo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia informó sobre la decisión de otorgar medida de aseguramiento con detención domiciliaria al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La primera reacción frente a la decisión fue del propio senador Uribe quien se pronunció por medio de su cuenta personal de Twitter.

Uribe es en la actualidad un prominente senador y es el mentor de Iván Duque, el actual mandatario del país sudamericano.

Esta investigación inició porque en primera instancia el senador Uribe demandó al senador Iván Cepeda, del Polo, por supuesta fabricación de testigos en una investigación de 2018 en la que "el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, presuntamente, Uribe estaba intentando torcer el testimonio de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia", según detalló La W.

En esta decisión, que marca un hecho histórico en el país ya que nunca se había emitido tal orden ante un expresidente, fue tomada por cinco magistrados: César Reyes Medina, Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y Héctor Javier Alarcón Granobles.

Pero, ¿esta ya es una decisión definitiva? Según dio a conocer RCN, y según el abogado Francisco Bernate, es una decisión "de carácter provisional. No ha sido declarado culpable, su defensa puede interponer el recurso de apelación, pero la medida se hace efectiva de inmediato".

Por esta razón, la defensa podría interponer el recurso de apelación aunque si no se presenta "el trámite del proceso continúa en la Sala de Instrucción y Juzgamiento que tendrá ahora que seguir evaluando las pruebas, cerrar el caso y decidir si acusa ante la sala de juzgamiento o si precluye el caso definitivamente", ratificó Bernate ante RCN.

La orden de captura podría ahondar la tormenta judicial y política en el país, similar a la que desató el llamado a indagatoria del exmandatario. También amenaza con incrementar la polarización en un país políticamente dividido.

Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada son acusados de soborno y fraude, delitos para los que la legislación colombiana establece prisión de hasta 12 años.

El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.

Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.

Antecedentes en América Latina

El exmandatario colombiano se une a otros expresidentes de América Latina que terminaron implicados en procesos judiciales y en la cárcel después de gobernar sus países como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el peruano Alberto Fujimori.

Antes de que Uribe divulgara la decisión del tribunal, el presidente Duque dijo que el exmandatario debía poder defenderse en libertad con todas las garantías.

Uribe, quien durante su gobierno entre 2002 y 2010 lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas izquierdistas, ha cuestionado la independencia de la corte y ha declarado su inocencia.

"En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Que se sepa toda la verdad sobre estos hechos", dijo recientemente Uribe, de 68 años. "Yo soy un hombre de honor y por eso quiero que se conozca toda la verdad".

Con la detención de Uribe, quien es un político muy popular en Colombia, el partido Centro Democrático pierde a su principal líder en el Congreso, donde Duque busca impulsar reformas económicas y sociales para aliviar los estragos de la pandemia del coronavirus.

La ausencia del Congreso y de la actividad política del expresidente podría debilitar la cohesión de su partido Centro Democrático. La agrupación tiene 51 de los 280 curules del parlamento y necesita alianzas para impulsar su agenda.

Uribe y algunos de sus familiares han sido señalados por sus opositores de supuestos lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos, pero la actual investigación de la Corte es la única que ha avanzado en el tema.

Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques. 

(Con información de Reuters)