Washington. La cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, pidió ayer a un tribunal federal hacer cumplir una orden de comparecencia contra el procurador general, Eric Holder, en la cual demanda que el fiscal presente los registros de la fallida operación de rastreo de armas de fuego conocida como Rápido y Furioso.

El litigio pide al Tribunal que rechace la aplicación del privilegio ejecutivo, recurso legal al que apeló el presidente Barack Obama, diseñado para proteger ciertas comunicaciones internas de la administración de ser divulgadas.

El fracaso de Holder y los republicanos de la Cámara para llegar a un acuerdo llevó a que se realizara una votación en junio, la cual colocaba al Fiscal General en desacato civil y penal del Congreso. La resolución de desacato civil fue la que llevó a la demanda de ayer.

Holder rechazó las peticiones de la Supervisión de la Cámara y del Comité de Reforma del Gobierno de entregar -sin condiciones previas- los documentos que podrían explicar por qué el Departamento de Justicia negó inicialmente, en febrero del 2011, que una táctica arriesgada se utilizó para permitir que armas de fuego caminaran de Arizona a México.

El Departamento no reconoció su declaración incorrecta durante 10 meses.

Ominosamente, el Departamento de Justicia se resistió desde el principio a cooperar activa y plenamente con la investigación del Comité , se lee en la demanda.

Entre otras cosas, el Departamento inicialmente se negó a presentar documentos y más tarde produjo sólo un número muy limitado de éstos de un modo poco sistemático; se negó a poner a disposición del Comité a ciertos testigos y limitó el cuestionamiento del Comité hacia otros testigos que fueron puestos a su disposición , abunda el documento.

Los demócratas han calificado los apercibimientos por desacato civil y penal como una maniobra política. Numerosos legisladores afirmaron que era la primera vez que un funcionario del gabinete era acusado de desacato.

La demanda pide que:

  • -Se declare invalida la apelación al privilegio ejecutivo de Obama.
  • -La objeción de Holder a presentar los documentos ante la Cámara sea rechazada.
  • -El Fiscal General produzca todos los registros relacionados a la afirmación incorrecta del Departamento de Justicia en la que afirma que la operación no ocurrió.

La posición del gobierno de recitar las palabras privilegio ejecutivo se basa enteramente en un privilegio del derecho consuetudinario conocido como el privilegio del proceso deliberativo y carece de fundamento jurídico , afirma la demanda.