Ante el incremento de los indicadores de violencia en el país, académicos exponen los riesgos de recurrir a medidas autoritarias ante la urgencia de generar condiciones de seguridad en las distintas regiones del país; detallan la urgencia de mejorar lo hecho hasta ahora y destacan la necesidad de proteger derechos consagrados en la Constitución.

La desesperación puede llevarnos a medidas autoritarias

En México estamos atrapados en la discusión de cómo queremos construir el Estado de derecho: o lo edificamos mediante la protección de artilugios legales como el debido proceso, derechos humanos y presunción de inocencia o lo erigimos obviando eso, por considerar que es un obstáculo ante la gravedad del problema de violencia e inseguridad que padece el país, planteó Saúl López Noriega.

En entrevista, afirmó que la única manera en que se tiene que construir el Estado de derecho es con la fuerza coactiva del Estado, pero siguiendo reglas, lo cual exige el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, entre otros derechos ganados.

El especialista dijo que el hecho de que se busque mantener el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, surgido de la reforma del 2008, no significa que se reconozca que se le tienen que hacer ciertos ajustes, para lo cual se tienen que implementar políticas públicas que permitan a los policías investigar con eficiencia, y que los ministerios públicos se profesionalicen, entre otras acciones.

Comentó que hay casos como el de la Ciudad de México, donde, en el marco de la transición de procuraduría a fiscalía, se creó un grupo de expertos que llegó a la conclusión de que no se requiere hacer reformas, sino buscar la forma de cómo aterrizar el marco legal vigente en políticas públicas, protocolos de decisión, actuación, e investigación para empezar a hacer realidad esas normas jurídicas.

En su opinión, ése es el reto que tenemos, lo cual implica un enorme trabajo y que muchos de los resultados probablemente no se vean hasta la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es ahí, continuó, donde puede venir un problema de desesperación autoritaria del gobierno federal y que, ante las cifras de violencia que no bajen, les entre la desesperación por arreglarlo y, en vez de seguir tratando de hacer políticas públicas preservando derechos, presenten cosas como lo que se filtró a mediados del mes pasado.

López Noriega señalo que es difícil cuantificar la situación del país en términos de Estado de derecho, pero en términos de prevención de delitos tenemos muchísimas asignaturas pendientes, porque no hay políticas públicas encaminadas a evitar que se cometan los delitos a razón de la tasa de delitos que tenemos. Saúl López Noriega, Académico del CIDE.

Lo que necesitamos es un Estado democrático de derecho

En México lo que queremos no es simplemente que las autoridades cumplan las normas, sino que cumplan las normas que establece un Estado democrático de derecho, en el que se respeten los equilibrios constitucionales y los derechos de las personas, aseveró Catalina Pérez Correa.

Nosotros no nada más queremos un Estado en el que se cumpla con el derecho, sino que el derecho que está establecido tenga las características de una democracia constitucional, en la cual hay controles y contrapesos entre un poder y otro, y en el cual haya garantías para que las personas no vean violados sus derechos fundamentales, como al debido proceso y la presunción de inocencia, planteo.

En ese tenor recalcó que el Estado de derecho va más allá de simplemente obedecer la ley, pues se podría decir que en la Alemania de Hitler había un derecho porque se cumplía con la ley, aunque fuera violatoria a los derechos humanos.

Para la especialista, pensar en que hoy realmente necesitamos una reforma judicial y de la forma en que se filtró el mes pasado es un engaño, porque lo que requerimos como nación es que las instituciones modifiquen sus prácticas, las cuales no se adecúan a las normas.

Hay que mejorar prácticas

Desde su perspectiva, lo que deberíamos estar haciendo es ver qué necesitamos para que las instituciones modifiquen sus prácticas porque hay un desfase entre lo que dicen las normas y lo que las autoridades hacen.

Hoy, añadió, lo que tenemos son autoridades muy ineficientes, policías que no saben resguardar; no saben cómo ejecutar una cadena de custodia probatoria; no saben preservar la escena del crimen; no saben hacer detenciones sin violar procesos, y dado ese desfase lo que se propone es regresar al sistema anterior, porque no logramos que las autoridades adecuen su comportamiento a lo que las normas establecen.

Para la académica a pesar de la complejidad del problema de inseguridad que vive el país, las soluciones que se proponen desde el gobierno siguen siendo simples y equivocadas como tener más presencia militar y más derecho penal, así como reglas que permiten mayor discrecionalidad de los operadores, más opacidad en el uso de la fuerza y el reparto punitivo del Estado, la restricción de derechos y menores controles judiciales. Catalina Pérez Correa, Académico del CIDE.

Cuidemos la democracia constitucional que tenemos en México

México tiene una democracia constitucional y en ella los derechos fundamentales son preponderantes, destacó Hugo A. Concha Cantú.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM expuso que el nuevo sistema de justicia penal está encaminado a que el procedimiento para castigar los delitos sea justo, en donde se respeten los derechos de las personas, incluidos los de los presuntos culpables de cometer algún delito, los derechos de las víctimas y en general los derechos de las partes en un juicio.

A través del debido proceso legal la democracia constitucional hace realidad que aún en las condiciones más adversas o extremas que pueda llegar a encontrarse, también los derechos fundamentales van a ser la regla más importante para cuidar. Por eso es muy importante cuidar nuestro sistema penal, así como la democracia constitucional en la que vivimos, relató.

En ese sentido, dijo que cualquier reforma en nuestras leyes, ya sea la ley más técnica y hasta la ley penal que es fundamental, tiene que ser pensada siempre en función de la mayor o mejor protección de los derechos humanos que les toca regular.

Dijo que la ley penal por supuesto que puede ser reformada y mejorada, pero siempre pensando en una mejor o mayor protección de los derechos que a ella le tocan.

El investigador explicó que México, como la mayoría de los países occidentales, ha optado por una democracia constitucional, es decir, no sólo es un Estado basado en derecho, sino en uno en el cual todo el aparato, toda la estructura de normas, se basa en la existencia de una norma suprema, que es la Constitución.

Ésta última es la que determina cómo se debe ver el resto de las normas, es decir, la forma de creación del resto del orden jurídico y va a determinar también el contenido, va a decir los grandes principios.

Concha señaló que el incremento en la violencia no justifica crear leyes que vayan en contra de los derechos, “porque ¿cómo vas a justificar violencia con otro tipo de violencia?”.

Mencionó que con base en las filtraciones de los presuntos borradores de iniciativas en materia penal, lo que se planteaba era otorgar una autoridad descomunal, desproporcionada, a los policías y ministerios públicos. Hugo Concha, Investigador del IIJ de la UNAM.