En México la inclusión financiera es un tema que ha cobrado fuerza, se incorporó expresamente en la Reforma Financiera del 2014. Al ser parte del Estado de Derecho y estar regulada por ley, debería ser más fácil su instrumentación, pero todavía falta camino por recorrer.

La inclusión financiera entendida como acceso y uso de productos y servicios financieros es importante para el desarrollo económico, la gente con mayor nivel de marginación es la que encuentra más impedimentos para unirse a la formalidad financiera.  Los objetivos principales de la reforma fueron: incrementar la competencia; fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito de instituciones financieras privadas; mantener un sistema financiero sólido y hacer más eficaces a las instituciones y el actuar de las autoridades. La Ley de Instituciones de Crédito fijó como prioridad el acceso a los servicios financieros e impulsó a los corresponsales bancarios para tener más puntos de acceso. La Ley de Ahorro y Crédito Popular contempló que las Sociedades Financieras Populares pudieran contar con corresponsales.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros estableció obligaciones de transparencia y atención y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros contempló programas educativos, así como un Registro de Prestadores de Servicios Financieros para inscribir productos de las entidades financieras, comisiones y tasas, reclamaciones de usuarios, prácticas no sanas, sanciones administrativas y cláusulas abusivas de contratos.

Actualmente, ya se cuenta con un marco legal básico; sin embargo, hace falta en el ámbito administrativo disposiciones que desarrollen las facultades de las autoridades y crear infraestructura de acceso a los servicios financieros; la ampliación de la red de corresponsales bancarios y la conectividad a través de tecnología financiera; diseño de productos y servicios financieros acordes con la realidad; así como una educación financiera más amplia, que promueva y facilite el conocimiento de tópicos financieros para la toma de decisiones informadas.

La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras estableció figuras como:

  • Consejo Nacional de Inclusión Financiera, instancia de coordinación, encargada de la planeación, instrumentación, ejecución y seguimiento de una política nacional, consistente en: desarrollo de conocimientos para el uso eficiente del sistema financiero; innovaciones tecnológicas; desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas; mayor acceso a servicios financieros formales para la población excluida; mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección, así como generación de datos y mediciones.
  • Comité de Educación Financiera, instancia de coordinación de los programas de educación financiera, encargada de: definir prioridades y lineamientos; preparar la estrategia nacional; planear las actividades de la semana nacional de educación financiera y las metodologías de medición. En el 2018 se expidió la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera para incluir como instituciones a las de financiamiento colectivo y a las de pago electrónico, así como para regular a las personas autorizadas para operar con modelos novedosos.

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