En México, el símil al principio legal anglosajón conocido como attorney-client privilege se encuentra legislado, por un lado, como secreto profesional, entendiéndose como la obligación del profesionista, no sólo del abogado de guardar secreto absoluto de los asuntos que le confíen sus clientes (artículo 36 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5to Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal) y, por el otro, como el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado y cliente como salvaguarda de los derechos constitucionales a la intimidad, defensa y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas consagrado en la propia Constitución Mexicana y en otras leyes como son el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras. 

Sin embargo, en México aún existen diversas interrogantes relacionadas con dicho principio. Si bien la Corte ha resuelto recientemente de manera favorable sobre el alcance de dicho principio, sigue pendiente que se definan reglas claras en cuanto a su aplicabilidad tanto en materia penal e, igualmente, en materia de procedimiento administrativo.

Esto último cobra relevancia tomando en consideración el número cada vez más alto de investigaciones abiertas por la Comisión Federal de Competencia Económica y las amplias facultades de investigación de la “autoridad investigadora”, como se le define en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y quienes tienen a su cargo la facultad de investigar conductas relacionadas con la corrupción (faltas administrativas y faltas administrativas graves). Esto es, la Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas, órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado.

Por ello, resulta imperante que no sólo la corte interprete diversos preceptos legales que recogen dicho principio de manera vaga e imprecisa sino también que el Congreso legisle al respecto. Diversas son las interrogantes que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo aplica dicho principio, únicamente durante el litigio o procedimiento administrativo o previo al mismo en la medida en que se solicite asesoría jurídica? ¿Qué documentación se encuentra protegida? ¿Aquella que genere el cliente solicitando asesoría incluyendo información del negocio o, bien, únicamente aquella que elabore el abogado? ¿A quién le corresponde dirimir si la información es protegida, a la autoridad investigadora o a la autoridad sancionatoria? ¿Cuáles son las excepciones a dicho principio? ¿Se considera protegida aquella información que genere o se dirija al abogado interno de la empresa o in-house? ¿Cuál es el plazo de prescripción para dicha protección, en su caso? 

Ante el número de cuestionamientos, es imperante que el abogado en México actúe con prudencia y genere un protocolo de comunicación con su cliente que contemple, por lo menos, (i) cómo se van a identificar aquellos documentos confidenciales y protegidos entre el abogado y su cliente; (ii) a quién se dirigen las comunicaciones más aún tratándose de empresas con un número considerable de personas involucradas; (iii) cuál va a ser la forma de comunicar al cliente bien sea de manera verbal o por escrito atendiendo a la sensibilidad de la información a comunicarse, y (iv) con cuáles terceras personas se puede o debe compartir la documentación o información preparada por el abogado.  

 

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