La reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de Mayo pasado, que entró en vigor el día 2, no fue el resultado de la convicción ni necesidad de México por ella, sino de “amables imposiciones” provenientes del exterior y ciertos acontecimientos históricos y compromisos internacionales asumidos por México que lo obligaron a reformar el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho del trabajo y su legislación secundaria.

Ello aunado a la larga lucha de los actores del mundo laboral que hoy detentan el poder político en nuestro país.

Estos acontecimientos y compromisos internacionales son los siguientes:

1. El tratado integral y progresivo de asociación transpacífico (TPP-11)

El tratado integral y progresivo de asociación transpacífico (mejor conocido como TPP-11), conformado en un principio por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, adquirió relevancia cuando el presidente de Estados Unidos de América George W. Bush dio a conocer su interés por adherirse al mismo.

Posteriormente a la adhesión de EU, otros ocho países lo hicieron, por lo que en el año 2016 estaba conformado por 12 países, incluyendo México, EU y Canadá.

La negociación del tratado coincidió con el mandato del presidente Barack Obama quien consideró que México tenía una ventaja competitiva frente al resto de sus socios comerciales en el tratado, al no existir en nuestro país juzgados laborales que formaran parte del Poder Judicial (Federal o estatales) y además, en materia de derecho colectivo de trabajo, los derechos de libertad de asociación sindical y de efectiva transparencia y negociación colectiva internacionalmente reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no estaban reconocidos, ni siquiera previstos en la legislación secundaria; por lo que exigió a su homólogo mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto, reformar la legislación laboral en materia de justicia, libertad sindical y negociación colectiva.

2. La reforma constitucional en materia de administración de justicia laboral

Como resultado de la firma del TPP-11, el 24 de febrero del 2017 el presidente Peña Nieto publicó el decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la cual implementó los compromisos internacionalmente adquiridos por México en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

3. El mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos

El día 20 de enero del 2017, asumió como presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump. Dos de las primeras acciones que tomó una vez asumido el cargo fueron:

  1. Abandonar el TPP por no convenir a los intereses de Estados Unidos, y
  2. Renegociar los términos y condiciones del tratado internacional de libre comercio celebrado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (TLCAN), de lo contrario, dejaría de ser parte por considerar que su resultado desmanteló la industria nacional y agravó el desempleo en su país en beneficio de México, principalmente, pero en menor medida, también de Canadá. 

Después de siete rondas de negociación, los tres países parte del llamado TLCAN (NAFTA, por su sigla en inglés), hoy denominado Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC —USMCA, por su sigla en inglés—), convinieron los nuevos términos y condiciones del tratado internacional norteamericano. 

Entre los cambios más relevantes se adicionó el capítulo 23, que tomó como base el TPP-11 en materia de derecho del trabajo, y el anexo A del capítulo 23 que refiere compromisos de México, específicamente sobre la materia de libertad sindical y efectiva negociación colectiva.

4. La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva

México era el único país americano, además de Estados Unidos, sin ratificar este convenio al considerar que su contenido resultaba contrario a la legislación interna, lo cual era cierto toda vez que durante mucho tiempo estuvieron vigentes las llamadas cláusulas de exclusión de ingreso y por separación actualmente declaradas inconstitucionales.

La primera de ellas refería que cualquier trabajador de nuevo ingreso debía afiliarse al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo aplicable al centro de trabajo; y la segunda, aquella por la que el trabajador podía ser separado de su empleo por renuncia, expulsión o por dejar de pertenecer al sindicato.

Ambas, evidentemente contrarias a los principios de libertad sindical y de asociación.

El 20 de septiembre del 2018 el Senado de la República ratificó el Convenio 98 de la OIT que reconoce los derechos de libre asociación sindical y la efectiva negociación colectiva. De igual forma prohíbe cualquier acto de discriminación o injerencia del patrón tendente a limitar estos derechos.

Bajo este contexto histórico-geopolítico, México se vio obligado, no por voluntad propia, a reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de ser consistente con los compromisos internacionales adquiridos.

Fue hasta el 1 de mayo del 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de:

  1. Transformación del sistema de impartición de justicia laboral;
  2. Creación de nuevas autoridades del trabajo, entre ellas los juzgados laborales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local, y
  3. La implementación de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de libertad y asociación sindical y reconocimiento efectivo a la transparencia en la negociación colectiva y elección de sindicatos y sus dirigencias.