(ÚLTIMA PARTE DE DOS)

En la primera parte hablamos acerca de cómo funcionan las reparadoras de crédito, el esquema de operación de este tipo de programas y los honorarios que cobran.

Terminé diciendo que es un esquema muy caro por algo que uno mismo podría hacer y quiero ampliar un poco sobre eso.

Uno puede abrir una cuenta en una institución financiera distinta de donde tiene sus deudas (para evitar que el banco se cobre de manera automática). Se pueden hacer aportaciones mensuales a esa cuenta igual que como se haría a través de la reparadora, pero sin tener que pagar altos honorarios por ahorrar.

Cada mes uno puede acercarse con el banco o con los cobradores y ofrecer la cantidad que uno tiene ahorrada como pago total. En un principio seguramente dirán que no, entonces uno sigue ahorrando y hace lo mismo hasta que acepten. Sin tener que pagar un honorario por éxito a la reparadora. Claro, hacer esto requiere disciplina, algo que muchas personas no tienen (de lo contrario no habrían llegado al punto de no poder pagar lo que deben).

Es importante aclarar que muchas veces las empresas de cobranza amenazan con cosas que no pueden hacer, como por ejemplo ir a embargar.

Recordemos que esto requiere la orden de un juez y para que eso suceda primero tendrían que haber puesto una demanda en nuestra contra. Nosotros habríamos sido notificados y podríamos habernos defendido previo a esa solicitud de embargo.

La realidad es que estas empresas no inician demandas a menos que uno deba un monto demasiado elevado, aunque sí amenazan con hacerlo para tratar de lograr que de esta manera la gente se asuste y pague.

Ahora hablaremos de algunas de las preguntas frecuentes que tiene la gente sobre las promesas que hacen estas empresas, que como mencioné en la primera parte, muchas veces son verdades a medias:

¿Cesan las llamadas de los cobradores?

En realidad, no. Aunque las reparadoras de crédito ofrecen canalizar las llamadas de los cobradores, en realidad no pueden garantizarlo.

Uno debe saber que por lo general, las empresas de cobranza siguen llamando de manera independiente y no hay nada que se pueda hacer al respecto (salvo denunciar a la Condusef, si caen en prácticas indebidas, como, por ejemplo, hacerlo a deshoras o amenazar con mentiras).

¿En realidad ayudan a limpiar el Buró?

Cuando deja de pagar y unos meses después paga con descuento, causa un quebranto al sistema financiero. Esto queda registrado en el historial crediticio y permanece por ley un tiempo que puede ser hasta de 72 meses posteriores a que se hizo el pago (seis años).

Nadie puede modificar los registros del Buró y quien ofrezca hacerlo a cambio de una cuota, nos está defraudando nada más, porque es imposible.

La manera que tienen las reparadoras para ayudarnos es que una vez que hemos terminado de pagar todas nuestras deudas, ellos nos consiguen un crédito con una sofom que por lo general es caro y nos recomiendan tomarlo aunque no lo necesitemos.

La idea es que vayamos pagando este crédito para que de esta manera empecemos a generar un historial reciente positivo en el Buró. Claro: la reparadora también recibe un ingreso una comisión de dicha sofom. Fuera de esto, no hay ninguna limpieza.

¿Qué sucede en caso de cancelación?

Hay que leer bien los contratos porque siempre hay costos de penalización, muy elevados, escondidos.

En muchos casos estos costos hacen que uno pierda gran parte del dinero que había ahorrado; por otro lado, suele ser muy complicado cobrar lo que nos corresponde (la hacen muy cansada, no es un proceso sencillo).

¿Quién las regula?

Las reparadoras de crédito no son empresas financieras sino de servicio. No prestan ni captan dinero, por lo cual no están sujetas a regulación de las autoridades financieras mexicanas. En caso de controversia uno podría acudir a la Profeco.

Sin embargo, muchas veces sus contratos contemplan cláusulas que, a todas luces, son poco transparentes e incluso abusivas.

Como siempre digo: si vas a contratar cualquier servicio más vale saber bien cómo funciona, que lea cuidadosamente el contrato antes de firmar para saber cuáles son las obligaciones de ambas partes y que tome una decisión informada.

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