Monterrey, NL. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, tronó contra las empresas factureras y les advirtió que se vayan del estado y dejen de saquear municipios y paraestatales, pues la Contraloría estatal integrará las carpetas de investigación y las hará públicas, para ir en contra de quienes hayan cometido estos ilícitos en los dos últimos años.

Cuando fue senador de la República, Samuel García presentó una iniciativa de ley “para ir contra todo el que vende facturas, contra empresas fantasma (…), que están sacando dinero público y no les pasa nada. Y lo peor es que mucho de ese dinero termina en campañas políticas comprando votos”, dijo en su intervención el 10 de septiembre de 2019.

La reforma penal fiscal de 2019, contempla cambios al Código Fiscal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Extinción de Dominio.

“Andan los factureros en festín. Miles y miles de millones saqueados con facturas del estado. A todos los factureros les digo: Samuel García fue el promotor de ir en contra de los factureros, logré una reforma de prisión preventiva oficiosa, muy importante, es decir 'bote sin fianza', a quienes con facturas cometen delincuencia organizada”, señaló el próximo gobernador de Nuevo León.

Esa figura tiene dos años, sin embargo, no se explica, dijo, que en Nuevo León no se ha aplicado. Con estos cambios en las leyes, se faculta al ministerio público para dar prisión preventiva a quienes usen dinero con fines electorales, corrupción y delincuencia organizada.

“A los factureros, les digo, en cinco días llego (al gobierno), váyanse del estado, dejen de saquear municipios, paraestatales, todos los ilícitos en los últimos dos años, mi Contraloría, que no va a ser fachada, vamos a integrar todas las carpetas (de investigación) y las vamos a hacer públicas, para ir con un juez a pedirle prisión preventiva. Urge un castigo ejemplar”, sentenció García Sepúlveda.

En mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, informó que se estaban investigando alrededor de 200 empresas que presuntamente facturan a los gobiernos municipales, estatal y federal.

kg