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Recursos a estados caen por primera vez desde el 2009

Este comportamiento derivó de descensos en aportaciones, convenios de reasignación, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y protección social en salud.

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El gasto federalizado, que es la transferencias de recursos a los entidades y municipios, acumuló un monto de 1.8 billones de pesos durante el 2017, cifra que representó una disminución anual de 1.1%, en términos reales, la primera caída desde el 2009 (9.0%); además, a partir del 2013 comenzó a dibujarse una pendiente negativa.

Dicho retroceso derivó del comportamiento de sus componentes: -32.7% en convenios de reasignación; -13.5% en provisiones salariales y económicas y otros subsidios; -11.6% en convenios de descentralización; -8.5% en recursos para protección social en salud; -1.3% en aportaciones (Ramo 33), y un crecimiento de 5.0% en participaciones (Ramo 28), de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP).

Las participaciones y las aportaciones representaron 81.3% del gasto federalizado. El primer ramo forma parte del gasto no programable y depende de la dinámica de la Recaudación Federal Participable (RFP), que indirectamente se relaciona con la actividad económica y petrolera. Estos recursos no están etiquetados, por lo que no ostentan un destino específico en el gasto de los estados y municipios, es decir, un ejercicio libre por parte de los gobiernos locales.

El segundo es parte del gasto programable, cuya asignación es independiente de la evolución de la RFP o de cualquier otra variable y está condicionada a resolver las problemáticas que se deriven de necesidades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento financiero.

Las participaciones reportaron incrementos anuales reales en ocho de 13 fondos que lo componen. Las mayores variaciones fueron de 29.4% en Incentivos Económicos, 12.3% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 7.4% en el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 5.1% en Fiscalización.

Mientras Tenencia (82.2%), derecho adicional sobre la extracción de petróleo (28.0%) y la extracción de hidrocarburos (23.1%) obtuvieron fuertes contracciones, en primera instancia porque varias entidades ya no aplican este tipo de impuestos locales, ya que se observa una baja producción petrolera y de hidrocarburos.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), indicó que la caída del gasto federalizado es correspondiente con los ajustes fiscales que se hicieron y con la política de austeridad que se implementó durante el 2017.

“A pesar de contar con ingresos adicionales, propiamente el hecho de que se haya buscado hacer una reducción en el gasto afectó este presupuesto”, dijo.

De la Cruz Gallegos explicó que las participaciones están vinculadas a los ingresos excedentes del petróleo, es decir, en el momento que su precio promedio superó al presupuestado, se favoreció a las entidades con que recibieran mayores recursos.

Por otro lado, aseveró, ocurre lo mismo con la recaudación de ciertos impuestos que están bajo el control de la Federación, pero al final son parte de la actividad económica estatal, entonces eso permitió que pese al recorte del gasto público, los ingresos federalizados del Ramo 28 no se vieran afectados.

El director del Idic expuso que la Ley de Coordinación Fiscal admite que los ingresos excedentes se regresen a los estados, de ello dependió que se observara una tasa positiva en dicho rubro.

Insuficiente

El segundo rubro más importante es el Ramo 33, ya que aportó 38.6% de los recursos federales totales; sin embargo, su disminución de 1.3% a tasa anual real contribuyó al retroceso del gasto en el 2017.

Esta dinámica se explica por los desplomes en cuatro de ocho fondos que lo constituyen. El más pronunciado fue el de la Seguridad Pública con 5.8%, seguido por el de Nómina Educativa y Gasto Operativo, con 3.6 por ciento.

Otros fondos con descensos fueron: educación tecnológica y de adultos (3.3%) y servicios de salud (0.1 por ciento).

Al respecto, José Luis de la Cruz recordó que las aportaciones están designadas a ciertos efectos, lo cual implica que ya en la práctica resulten insuficientes para atender los rezagos.

Raymundo Tenorio Aguilar, especialista del Tecnológico de Monterrey, señaló que algunos estados no logran que se les haga transferencia de aportaciones porque aún no tienen el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, “no condiciona entrega pero hace recomendaciones al Poder Legislativo y éste le hace recomendaciones a la Secretaría de Hacienda”.

Los aumentos del Ramo 33 se reflejaron en infraestructura social, aportaciones múltiples y fortalecimiento de municipios y de las entidades federativas.

Destaca que en el rubro de provisiones salariales y económicas y otros subsidios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) reportó un incremento anual real de 401.0 por ciento.

El director del Idic describió que esta tasa del FEIEF se trata de compromisos que se tenían con las entidades en materia salarial y de desincorporación del empleo, además de que se contemplan las épocas estacionales y pagos como aguinaldos.

Veracruz, a la cabeza

De los recursos repartidos a los estados y municipios, la región centro concentró la mayor parte de éstos, con 30.4% del total, aunque presentó el desplome más pronunciado el año pasado, con una variación anual real de 2.7%; todas las zonas del país exhibieron contracciones.

Por entidad, 26 presentaron variaciones negativas en el gasto federalizado, Zacatecas ocupó el primer lugar con un descenso anual real de 9.3%, seguido por Tabasco (7.1%), Aguascalientes (6.2%), Baja California Sur (5.3%), Nayarit (5.2%) y Durango (5.1 por ciento).

Tenorio Aguilar atribuyó su baja a que no concretaron a tiempo proyectos en los que tenían asignados recursos, “como no los alcanzan a hacer, no ejercen presupuesto”.

No obstante, tres estados de la región sur-sureste (Veracruz, Quintana Roo y Yucatán), dos de centro-occidente (Jalisco y San Luis Potosí) y uno del norte (Sinaloa) mostraron crecimientos.

Veracruz y Sinaloa, con 4.4% y 2.4% respectivamente, sobresalieron a nivel nacional. Sobre el primer estado, el especialista del Tecnológico de Monterrey detalló que recibió una cantidad importante en recursos anticipando ejercicios próximos para redocumentar deuda.

Los recursos asignados al Estado de México fueron equivalentes a 11.3% del gasto federalizado, y los de la Ciudad de México, a 9.5%, lo cual los convierte en las entidades con más dinero federal en el 2017, todo lo contrario a Baja California Sur y Colima (0.9 y 0.8%, en ese orden).

En cuanto a las participaciones, 29 estados presentaron incrementos, con San Luis Potosí (17.0%), Baja California Sur (13.7%) y Veracruz (10.3%) protagonizando esta tendencia.

Únicamente Campeche, Tabasco y Aguascalientes tuvieron caídas; en los dos primeros, por la merma petrolera que afecta su actividad económica.

El reparto de las aportaciones disminuyó en casi todas las entidades, con excepción de Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, ya que se recortaron programas especiales, como el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, puntualizó Tenorio Aguilar.

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