Cancún, QR. El apoderado legal de la empresa española Maioris, Francisco Siman Carpio, detalló en conferencia de prensa, el modus operandi mediante el cual fueron despojados de 23 departamentos de lujo, con un valor conjunto de 20 millones de dólares, a través de juicios laborales apócrifos y mediante la falsificación de documentos para vender las propiedades con el aparente consentimiento de la firma.

Maioris es el nombre de la torre de 90 departamentos de lujo, dentro del exclusivo desarrollo Puerto Cancún. Entre el 2011 y el 2015 prácticamente los cinco años del gobierno de Roberto Borge Angulo se llevaron a cabo los despojos de los 23 departamentos, sumado a los 20 hoteles de Tulum y demás propiedades en Playa del Carmen, que también fueron arrebatadas a sus originales dueños mediante diversas formas de fraude.

Los hechos involucran presuntamente, por omisión, al titular de la Secretaría de Gobierno durante la administración de Roberto Borge, Gabriel Mendicuti Loría, así como al actual magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal, quien durante el sexenio anterior, fungió como director del Registro Público de la Propiedad, desde donde supuestamente se validaron documentos falsos que permitieron los despojos.

Falsificaron firmas

Siman Carpio señaló que los fraudes se llevaron a cabo mediante dos métodos, uno de ellos por medio de la venta ilegal de los departamentos, con la falsificación de las firmas de los apoderados legales de Maioris, a través de la Notaría 22 a cargo de Yolanda Solís Olveres, quien recibió en el 2014 el nombramiento de notaria titular de manos del propio Borge Angulo.

En total, las 19 operaciones de despojo, del mismo número de departamentos, se realizaron a través de esta misma fedataria.

Aunque en los 19 casos varían las formas, en términos generales se aplicó el mismo método, con el cual no sólo se configura el delito de fraude y falsificación de documentos, sino también de lavado de dinero, pues mediante la inscripción extemporánea de las operaciones ante el Registro Público de la Propiedad, pretendieron evitar reportar las transacciones a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que desde el 2015 obliga a informar de todos los movimientos arriba de 500,000 pesos, explicó el abogado.

Aprovechando la ausencia de nuestros apoderados legales que se encontraban en España, ingresaron a los departamentos, toman el control de ellos e inmediatamente los venden para crear figuras de buena fe y entonces evitar la acción de nulidad y la denuncia de fraude .

Agregó que falsificaron la identificación y firma de nuestra apoderada legal, María de Lourdes Quezada Hernández, pero también el poder del banco acreedor hipotecario, así como la firma de dos de nuestros apoderados que viven en España, para cancelar la hipoteca de la cual eran objeto las propiedades .

En todos los casos, la notaria Solís Olveres elaboró las escrituras en el 2011 y las inscribió hasta el 2015; inició las escrituras como notaria titular, pero el sello con el que cierra el trámite es de la notaria suplente.

También en todos los casos expidió una constancia de libertad de gravamen al momento de elaborar las escrituras en el 2011, cuando el inmueble tenía aún un gravamen hipotecario, el cual se canceló hasta el 2015, afirmó el apoderado legal de Maioris.

Van contra adquirientes

A partir de estos hechos, el abogado anunció que interpondrán denuncias por la vía mercantil y penal, no sólo en contra de quien resulte responsable por la falsificación de los documentos para la venta ilegal de los departamentos, sino también en contra de los primeros adquirientes de esas propiedades, pues aseguran que estos primeros compradores necesariamente sabían de la ilegalidad del acto, al consentir que durante la operación no estuviera presente la apoderada legal de Maioris.

Entre los nombres de los primeros adquirientes que serán denunciados, de acuerdo a Francisco Siman, se encuentra Lydia Esther Portilla Manica hermana del actual secretario de Transporte e Infraestructura, Jorge Portilla Manica quien en mayo del 2010 firmó una carta de renta con opción a compra, del departamento 62-P6-B-S, a un precio de 580,000 dólares y con renta de 30,000 pesos mensuales, por un año, con Maioris Towers; que además, en enero del 2011, presentó una escritura falsa, por un monto de compra de 344,150 dólares, mediante la cual se acreditó como dueña para volver a vender en 5.5 millones de pesos, en marzo del 2016.

Juicios apócrifos

El otro método de despojo, refirió Francisco Siman, son los juicios laborales ilegales, que involucran a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Cancún y Playa del Carmen.

Un total de 20 pseudoempleados de la empresa Maioris Towers, se adjudicaron cuatro departamentos, reclamando a la empresa una indemnización de 1.4 millones de pesos por propiedad; luego de haber ganado sendos juicios laborales, que derivaron en el embargo de las propiedades como pago indemnizatorio .

Los cuatro departamentos embargados mediante este método, tienen un valor cada uno de entre 350,000 y 500,000 dólares; sin embargo, los ‘trabajadores’ revendieron las propiedades en 1.4 millones de pesos, es decir, la misma cantidad que reclamaban mediante los juicios ilegales , enfatizó el abogado.

Congreso de QR aprueba juicio político contra exsecretario

Cancún, QR. El Congreso de Quintana Roo aprobó en comisiones la procedencia del juicio político en contra del extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, quien está acusado por el desvío de 1,464.6 millones de pesos procedentes del Impuesto al Hospedaje durante los años 2014 y 2015.

La solicitud original de juicio político fue promovida por la organización Somos tus Ojos contra el exsecretario, al atender el amparo concedido por un juez, luego de que la XIV Legislatura, aún durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, desechara dicha solicitud.

El diputado Fernando Levín Zelaya, secretario de la Comisión de Justicia, informó al término de la reunión que se determinó concluir con un dictamen en donde se le da procedencia al juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, a partir de la denuncia interpuesta por Somos tus Ojos.

El día de hoy ya se tiene con libertad de jurisdicción la posibilidad de poder dictaminar este caso y, con base en ello, se resolvió hacer del conocimiento del pleno legislativo que existen elementos suficientes que configuran la posibilidad de abrir un juicio político en contra del exfuncionario, acuerdo que será puesto a consideración del pleno, seguramente en la siguiente sesión .

El siguiente paso, de aprobarse este acuerdo propuesto por la Comisión de Justicia, es avanzar en la integración de la Comisión Instructora, la cual deberá revisar este caso, escuchar a las partes y emitir un dictamen, con el que se concluya si existen elementos suficientes para el juicio político, que deberá ser también revisado y discutido en el pleno del Congreso estatal.

Los supuestos desvíos que se le imputan al extitular de la Sefiplan (1,464.6 millones de pesos) se recaudaron entre el 2014 (724.8 millones de pesos) y de enero a septiembre del 2015 (739.8 millones de pesos).

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