Cancún, QR. El apoderado legal de la naviera Golfo Transportación, Roberto Chami Lizárraga, informó que interpusieron un amparo en contra de la multa de 45 millones de pesos que les impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas.

Chami Lizárraga dijo que el procedimiento legal que interpusieron hace tres semanas pretende que la Cofece reconsidere las pruebas de defensa que en su momento aportaron las empresas, pero que no fueron tomadas en cuenta en el fallo por prácticas monopólicas que terminaron imponiéndole a las tres firmas.

Aseguró que no existe una sola prueba que demuestre la colusión entre las tres empresas, pese a que fueron intervenidos los equipos de cómputo y la documentación oficial de las tres empresas.

El apoderado legal indicó que el argumento de más peso que esgrimió la Cofece para acusarlos de prácticas monopólicas fue el no haber bajado sus precios cuando entró al mercado una nueva competidora, es decir, Barcos Caribe, empresa que recientemente ha sido señalada de ser propiedad del exgobernador Roberto Borge Angulo a través de prestanombres.

Los argumentos de descargo que las empresas presentaron no fueron tomados en cuenta, y el recurso de defensa que interpusieron las empresas pretende que se reponga el procedimiento sin las omisiones en que habría incurrido la Cofece para imponerles la multa.

Conclusiones de Cofece

Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre el pleno de la Cofece resolvió que las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y Naviera Magna incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en el estado.

Las conclusiones a las que llegó la Comisión establecen que las tres empresas se coludieron entre septiembre del 2013 y noviembre del 2015 para: fijar, elevar, concertar o manipular los precios de los servicios que prestan y dividirse porciones o segmentos del mercado investigado mediante la coordinación de los horarios en que prestaban el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

Elementos como la capacidad ociosa son indicadores de que los agentes económicos no actuaron de forma independiente, pues, de haber sido así, entre otras cosas, hubieran tenido el incentivo de bajar los precios del servicio o moverse hacia horarios con mayor demanda para ganar participación de mercado. Sin embargo, en ningún caso rompieron la simetría en precios y reparto de horarios, lo que sólo se explica bajo la racionalidad de un acuerdo colusorio, lo cual provocó que durante una parte de la duración de la conducta anticompetitiva se dividieran prácticamente a la mitad el mercado , se lee en el documento de la Cofece.

Beneficiaria indirecta

Fuentes de las navieras afectadas que pidieron no ser identificadas, señalaron que el procedimiento iniciado por la Cofece benefició indirectamente a Barcos Caribe, empresa que pudo irrumpir en el mercado con tarifas mucho más bajas en el cruce marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel por el simple hecho de que estuvo subsidiada por el gobierno del estado.

Los testimonios aseguran que la nómina de la empresa era pagada directamente por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), manejada entonces por Ercé Barrón Barrera, además de que el combustible, que representa más de 30% de los costos de operación de una naviera, era solventado con costo al erario del municipio de Solidaridad.

Barco Caribe comenzó a operar en febrero del 2015 el cruce entre Playa del Carmen y Cozumel.

Hoy está señalada de haber sido manejada por prestanombres del exmandatario Borge Angulo.

El titular de la Secretaría de la Gestión Pública en Quintana Roo, Rafael Del Pozo, señaló el pasado 15 de noviembre que hay denuncias interpuestas por estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) así como ante la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, solicitando a las autoridades hacendarias del gobierno federal hacer las indagaciones pertinentes para comprobar si los accionistas de Barcos Caribe tienen en realidad la capacidad económica para la compra de predios y barcos, estos últimos con costos superiores a 7 millones de dólares en el mercado.

jvazquez@eleconomista.mx