El Gobierno del Estado de Guanajuato convino la asignación directa por 2,727 millones de pesos para el desarrollo del proyecto de seguridad denominada Escudo .

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, confirmó que el pasado 21 de diciembre el Estado asignó vía la adjudicación directa el contrato de prestación de servicios por 2,727 millones de pesos a una empresa especializada en temas de seguridad pública para que a fines del 2013 esté en operación total este proyecto.

El proyecto no fue licitado y el nombre de la empresa no fue revelado pues, dijo el funcionario estatal, la ley les permite en este tema de la seguridad hacerlo de esa forma. Agregó que se trata de una empresa mexicana con 14 años de experiencia en temas de seguridad y que ya trabaja en otras entidades las cuales dieron buenas referencias.

El contrato de prestación de servicios es por seis años (lo que dura el sexenio de la Administración Estatal) a través de pagos anuales que hará el Gobierno del Estado. El primer pago por 200 millones de pesos se tiene listo de un ahorro presupuestal del 2012 y también ya están considerados 800 millones de pesos para un siguiente pago en el 2013.

El plan Escudo tiene el objetivo de apoyarse en la tecnología para blindar los 46 municipios y mejorar así la prevención, detección y persecución de los diferentes delitos. Se tendrá en operación 2,566 cámaras de diferente tecnologías y 92 arcos carreteros.

El proyecto desglosa acciones como: 704 cámaras de videovigilancia urbana en 176 ubicaciones; 1,300 cámaras urbana local en 650 ubicaciones; 184 cámaras fijas; 368 cámaras para reconocimiento automático de placas en los arcos carreteros; 368 lectores que transmitirán lo datos de las placas al sistema Plataforma México; 320 kilómetros de red óptica, 1,000 radios portátiles, 1,000 terminales móviles, y 20,000 botones de enlace ciudadano instalados en distintos lugares para alertar sobre todo tipo de emergencias.

También se incluye un sistema de radiocomunicación con cobertura en los 46 municipios, adecuaciones en 23 de las centrales municipales de emergencia 066, instalaciones especiales para el C4 (Centro del Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) del Estado, servicio de capacitación permanente para funcionarios estatales y municipales.

Respecto a la asignación directa y secrecía de la empresa beneficiada hay polémica, pues mientras legisladores y funcionarios panistas defienden el esquema por motivos de seguridad, representantes opositores y especialistas en la materia opinan lo contrario.

Por ejemplo Ramón Izaguirre, ex consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, y el abogado penalista, Paulino Lorea, señalaron por separado que no se tiene una razón que justifique mantener la secrecía del proveedor.

En tanto el ex procurador de Justicia de Guanajuato y ahora legislador federal por el Partido Verde Ecologista en Celaya, Felipe Arturo Camarena, consideró que igual este contrato pudo haberse fraccionado para licitar algunos servicios y asignar en forma directa otros.

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