El gasto burocrático representa una mayor prioridad para los gobiernos estatales que la inversión pública.

Durante el año pasado, el presupuesto de este rubro, que integra salarios, materiales y servicios generales, aumentó 10.9%, respecto a los recursos ejercidos, que representó un gasto adicional de 62,047 millones de pesos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Mientras en infraestructura (inversión pública) el incremento fue de 0.9%, con un gasto adicional de 873 millones.

Los recursos burocráticos ejercidos representan 6.2 veces los de infraestructura (102,408 millones de pesos frente a 631,674 millones), y 71.0 veces si se compara el gasto adicional (873 millones contra 62,047 millones).

“Los gobiernos estatales no son austeros, a pesar de los discursos, planes de austeridad y las buenas intenciones, lo que vemos en la práctica es que los gobiernos no respetan sus presupuestos y terminan gastando mucho más de lo aprobado para concepto de gasto burocrático”, mencionó Diego Díaz, investigador de Finanzas Públicas del Imco, en la presentación del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018.

Manifestó que 26 entidades federativas gastaron más de lo presupuestado y 13 de ellas erogaron al menos 15% más; citó el caso de tres entidades con mayor variación en gasto administrativo en el 2017: Jalisco, Guerrero y Oaxaca, con 91, 44 y 40% más de lo presupuestado, respectivamente.

“Los estados están gastando más que lo que originalmente presupuestaron; también refleja esta mala práctica en tema de mala planeación y un mal ejercicio del gasto (...) en conjunto las 32 entidades federativas gastaron 38% más en artículos de oficina, es decir, 1,635 millones de pesos adicionales a lo presupuestado”, puntualizó Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Imco.

En gasto en sueldos y salarios, en su conjunto, las entidades gastaron 18,718 millones de pesos más de lo aprobado; Jalisco tuvo una variación al alza de 93 por ciento. En traslados y viáticos los estados erogaron 12% más, es decir, 229 millones de pesos más de lo presupuestado, Baja California ejerció un monto equivalente a 365% de su gasto en salud y Guerrero erogó 342% más de lo aprobado.

En ceremonias oficiales, gastaron 91% más recursos los estados (2,103 millones de pesos); en este apartado, 26 estados ejercieron más de lo autorizado para este concepto. Para el 2017, Guerrero presupuestó sólo 20,000 pesos y terminó con un gasto de 134 millones de pesos, una diferencia de 645,946 por ciento.

“Todas estas asignaciones y falta de ajuste tienen un costo, que es el costo del derroche por no apegarse al presupuesto, por lo cual se hace la comparación sobre algunos estados donde esa variación pudo utilizarse para verdaderas prioridades de las entidades”, agregó Manuel Guadarrama.

Para la publicidad oficial, Coahuila gastó 1,429 millones de pesos, cantidad similar al gasto total en seguridad pública (1,449 millones) en un estado en donde 55% de la población considera la inseguridad como el problema más importante.

En Baja California se ejercieron recursos en viáticos durante el año pasado por un monto equivalente a 365% de su gasto en salud; en Yucatán para ceremonias oficiales el monto es 97% de su gasto en infraestructura.

Para el caso de Quintana Roo se gastó en publicidad un equivalente a 81% de su gasto en protección ambiental y en Chihuahua se ejercieron recursos en gasolina por un monto similar a 196% de su gasto, también, en protección ambiental.

“Con los informes trimestrales de gasto, los congresos están en posibilidad de detectar variaciones injustificadas desde el primer trimestre del año y llamar a rendir cuentas a los ejecutivos estatales, principalmente a los secretarios de finanzas de cada entidad federativa”, indicó el coordinador de Finanzas Públicas.

Excesos

Los gobiernos estatales terminan recabando ingresos excedentes, es decir, ingresos adicionales a los estimados y que no estaban contemplados originalmente en los presupuestos de ingresos, es por esta razón que los gobiernos pueden gastar más de lo presupuestado.

En el 2017 se obtuvieron ingresos adicionales por 319,753 millones de pesos, ya que se estimaron 1.76 billones de pesos y al cierre del ejercicio recaudaron 2.08 billones, es decir, 18.2% más de lo proyectado.

“Al analizarlo de manera desagregada para cada entidad, como se recibieron este tipo de ingresos, lo que encontramos es que esta mala práctica de subestimar los ingresos no es exclusiva de algún gobierno en particular, sino que es una práctica generalizada”, explicó Diego Díaz.

Además, se encontró que en el 2017 ocho entidades subestimaron en al menos 25% sus ingresos, destacando el caso de Quintana Roo que recibió 79% más de los recursos que tenía contemplado en su ley de ingresos, y solamente dos entidades recaudaron menos de lo acordado: Yucatán y Chihuahua.

Algunos estados que hubieran podido pagar su deuda con esos ingresos excedentes son Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Guerrero hacia el cierre del año pasado, sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional como “cheques en blanco” para que los gobiernos lo ejerzan sin tener mecanismos adecuados en la rendición de cuentas.

Resultados

De acuerdo con el IIEG 2018, que mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales, todas las entidades violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El análisis del gasto de los estados refleja la falta de planeación, un incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales, si en los últimos tres años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para gasto burocrático, se habrían ahorrado 226,577 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento de seis años de la pensión federal para adultos mayores, según información del Imco.

El promedio nacional del indicador fue de 58.7%, 0.3 puntos porcentuales más que el año previo, aumento que no sirvió para obtener una calificación aprobatoria.

Sólo tres estados se ubicaron en un nivel alto de cumplimiento: Puebla, Campeche y Tabasco; únicamente 15 aumentaron el indicador, resaltando en primera posición Baja California Sur.

Dentro de las propuestas del Imco se encuentra reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos y mejorar la calidad de la información financiera.

Se deben establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo, “si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15% debe tener la aprobación del Congreso local”, ahondó el director del Imco, Juan E. Pardinas.

Tener mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto para cumplir su función de contrapeso, refirió, además de eliminar el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y que se publique en tiempo y forma la información financiera en formato de datos abiertos.