Puebla, Pue. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que prohibir la subcontratación (outsourcing) propiciaría la pérdida de 120,000 empleos en Puebla, lo cual tendrá efectos negativos en la economía debilitada por la pandemia de Covid-19 y la competitividad.

Fernando Treviño Núñez, presidente del organismo, sostuvo que, ante el desafío que representa la actual crisis económica, se priorice su eliminación en lugar de fortalecer los existentes mecanismos legales para sancionar conductas abusivas e irregulares.

Además, comentó que habría el cierre de empresas que operan bajo ese esquema en el estado, las cuales prestan un apoyo importante en el tema de servicios para muchas industrias, por ejemplo en el mantenimiento y actividades de limpieza que son más indispensables por la pandemia.

Subrayó que se afectará a las pequeñas y medianas firmas que ofrecen servicios bajo el esquema de outsourcing, aunque sí está a favor de la regulación.

Indicó que a los empresarios no conviene tener personal de aseo como parte de la nómina, porque jamás intervendrán en los procesos productivos, a diferencia de sí tener mano de obra capacitada para las operaciones de maquinaria.

Reiteró que muchas personas trabajan bajo ese esquema, lo cual tampoco se trata de prohibir sino de regular en todo caso para que cumplan con la ley como contratistas y ofrezcan prestaciones a sus plantillas.

En el contexto actual por la pandemia, Treviño Núñez dijo que tampoco es adecuado desaparecer las outsourcing y es la forma de pensar de la Iniciativa Privada, que está trabajando a “medio gas” en el caso de las industrias o teniendo otras empresas al personal en home office.

Cifras negativas

Advirtió que sólo se agudizará el tema del desempleo, que en el caso de Puebla se han perdido más de 50,000 puestos y generado 7,000 durante la pandemia, lo cual muestra que habrá una recuperación lenta, con un pronóstico de dos años.

Puntualizó que el impacto social de una probable prohibición sería visible en la precarización de la calidad de las fuentes de empleo y en la calidad de vida de miles de familias. La reacción prevista es que incremente el número de personas en la informalidad, lo cual los llevaría a tener ingresos menores y a no contar con derechohabiencia alguna en materia de seguridad social.

Consideró que ese tipo de iniciativas no abonan a la productividad sino solo cortar de “tajo” lo que autoridades federales dicen que es ilegal, pero sin pensar en los empleos que están de por medio, mismos que se pide generar a los empresarios pese a la contingencia sanitaria.

rrg