Cancún, QR. El no haber realizado el desmonte de manglar en Malecón Tajamar la noche del sábado 16 de enero, el gobierno mexicano se habria hecho acreedor a demandas millonarias por parte de empresarios, del orden de los 3,000 millones de pesos, las cuales habrían tenido que pagar todos los mexicanos, aseguró Manuel Mercado Béjar, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El funcionario presentó pruebas gráficas sobre el rescate de flora y fauna en el Malecón Tajamar previo al desmonte del pasado sábado 16 de enero que generaró protestas a nivel internacional, además de que aseguró que dicha área no es un sitio Ramsar, es decir, no forma parte del inventario de humedales protegido por organismos internacionales, como dieron a conocer ambientalistas.

Aseguró que de no haberse realizado esos trabajos, los 22 inversionistas que adquirieron terrenos en Malecón Tajamar habrían quedado en la más completa indefensión jurídica porque los permisos para el desmonte de los predios vencen el próximo 7 de febrero.

Indicó que el proyecto seguirá adelante conforme lo planeado, pues no hay ningún impedimento técnico ni legal para continuar adelante .

Beneficios

Dijo también que Malecón Tajamar tiene una capacidad máxima para albergar 2,500 unidades de construcción en una superficie de 58 hectáreas.

La posibilidad de que se cristalicen las inversiones previstas para Malecón dan a Cancún la oportunidad de captar 11,500 millones de pesos en inversión inmobiliaria, además de la creación de 2,000 empleos permanentes, añadió.

Tiene su origen en administraciones panistas

Mercado Béjar se remontó a los orígenes del proyecto, el cual se presentó en el año 2000 a Fonatur, pero se concretó hasta 2005 en que se otorgaron los primeros permisos de impacto ambiental y un año más tarde los de uso de suelo.

Añadio que el impacto ambiental en la zona comenzó a darse desde 2006 en que se realizaron los primeros trabajos de urbanización y no la noche del 16 de enero.

La lotificación que se hizo durante los seis años que duraron los trabajos de Fonatur aislaron a los manglares sobrevivientes al interior del Malecón, cortando el flujo hidrológico de la laguna. Es decir, las 58 hectáreas que cuentan con la autorización para ser urbanizadas en Malecón, son terrenos ya impactados con baja diversidad biológica dado el desarrollo urbano de los alrededores del predio, explicó.

E insistió que los predios se comercializaron desde antes de 2012 en que inició la actual administración federal.

Mercado Béjar negó que los trabajos de desmonte del pasado sábado 16 de enero hayan sido un ecocidio, pues se cumplieron cabalmente con las 16 condicionantes de ley para estos casos. Mas aún, dijo, Fonatur renunció la posibilidad de comercializar 107 hectáreas colindantes con el Malecón Tajamar para crear en ellas un parque urbano de conservación natural mucho más grande que la zona impactada de Malecón Tajamar: el Ecopark.

PRD presenta denuncia contra funcionarios

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra de los delegados de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Quintana Roo, por el ecocidio del manglar Tajamar.

La denuncia está dirigida además contra Roberto Borge Angulo, gobernador de esa entidad, y el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo.

El PRD no será omiso ni ajeno de este caso ni a ningún otro caso que violente el derecho humano al medio ambiente sano", dijo en conferencia de prensa Ariadna Díaz, secretaria de Sustentabilidad de este partido.

Emiliano Ramos, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido, dijo que las autoridades federales, junto con el gobierno del estado, el municipal y las fuerzas policiales están permitiendo la destrucción de 50 hectáreas de manglar.

En tanto Ivana Pool y Luz María Beristain, diputada y senadora del PRD, refirieron que en sus respectivas cámaras presentaron un punto de acuerdo llamando a comparecer a los titulares de la Profepa, Semarnat y Fonatur. Además de la formación de una Comisión de diputados del PRD para acudir al lugar de los hechos y exigir la suspensión definitiva de las obras.

La secretaria de Sustentabilidad, Ariadna Díaz, llamó a autoridades de Quintana Roo a poner en marcha una nueva política pública de protección al ambiente. (Con información de Leopoldo Hernández)

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