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Acepta padre Solalinde protección de policía estatal

Tras recibir una llamada de la primera dama, Margarita Zavala, el sacerdote que denunció el plagio de 50 inmigrantes indocumentados, y que ha recibido amenazas de muerte, aceptó la custodia de cuatro agentes de la policía.

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Oaxaca.- Un sacerdote que dirige un albergue para migrantes clandestinos en Oaxaca (México) y que la semana pasada denunció el secuestro de 50 de ellos, informó este martes a la AFP que aceptó recibir protección por parte del estado, tras recibir amenazas de muerte.

El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde dijo que aceptó la protección que le será brindada por cuatro agentes policiales, tras recibir una llamada de la primera dama de México, Margarita Zavala.

"Considero que no es justo que mientras otros aboguen por mi vida, yo me rehúse a la seguridad", explicó Solalinde, director del albergue 'Hermanos en el Camino' en Ciudad Ixtepec, quien inicialmente se había negado a ser escoltado.

La semana pasada el sacerdote denunció que 50 migrantes centroamericanos fueron secuestrados el 16 de diciembre por un grupo armado que asaltó un tren de carga cerca a Ixtepec, según el testimonio de otros viajeros que lograron escapar.

Luego señaló que tras su denuncia un hombre armado que dijo hablar a nombre del grupo narcotraficante 'Los Zetas' llegó hasta el albergue para reclamarle que entregara a los migrantes que habían escapado.

El gobierno mexicano sigue sin reconocer formalmente el secuestro, aunque una decena de testigos que viajaban en el tren fueron trasladados a la capital para rendir testimonio ante la fiscalía.

Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, que han denunciado el múltiple plagio de migrantes, han reclamado a las autoridades mexicanas acelerar sus investigaciones.

La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombdusman) de México estima que casi medio millón de personas intenta cada año cruzar México para ingresar a Estados Unidos, en su mayoría proveniente de Centroamérica.

Unos 20.000 de ellos son secuestrados por grupos armados para pedir rescate a sus familias, mientras que más de de 65.000 son detenidos y deportados.

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