Domínguez Marrufo concluye primer periodo frente al CFCRL; permanencia depende de Presidencia y Senado

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) cumple sus primeros seis años de operación como el organismo eje de la reforma laboral de 2019 en México. Alfredo Domínguez Marrufo, quien ha encabezado la institución desde su puesta en marcha, manifestó en entrevista exclusiva con El Economista su interés por dar continuidad al proceso de consolidación del nuevo modelo de justicia, ante la conclusión de su primer periodo al frente del centro durante el presente año.

El titular del organismo señaló que la decisión sobre su permanencia no le corresponde directamente, sino que depende de una terna integrada por la Presidencia de la República y la posterior selección por parte del Senado de la República. Domínguez Marrufo indicó que no está aferrado al puesto, pero mantiene la disposición de contribuir a la consolidación del sistema de justicia laboral desde las encomiendas que se le asignen.

Respecto a la operación institucional, el funcionario destacó que el mayor avance ha sido la implementación de un cambio cultural en el mundo del trabajo. Según sus declaraciones, se transitó de un modelo basado en la simulación y contratos colectivos firmados sin el conocimiento de los empleados, a uno donde los trabajadores deciden mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

Domínguez Marrufo afirmó que hay diversos logros, centrados principalmente en tres ejes: la conciliación prejudicial, la representatividad de las organizaciones sindicales y la negociación colectiva auténtica.

En cuanto a la resolución de conflictos, las estadísticas del centro muestran que siete de cada diez asuntos se resuelven actualmente por la vía del convenio “en meses recientes, esta cifra ha superado el 80% en los asuntos de competencia federal. El 80% de estos casos se solucionan en menos de quince días, lo que garantiza una tutela judicial efectiva y reduce costos para trabajadores y empleadores. En el ámbito colectivo, el índice de conciliación alcanza el 99% en los casos donde existe un emplazamiento o conflicto”.

Domínguez Marrufo explicó que este mecanismo presiona a los dirigentes a responder a las necesidades de las bases en lugar de buscar acuerdos unilaterales con los empleadores. Sostuvo que estar bajo un contrato colectivo legitimado se traduce en mejores condiciones salariales y prestaciones en comparación con quienes carecen de esta protección.

Sobre el reto de la falsificación de firmas en las solicitudes de constancias de representatividad, (documento que permite a los sindicatos demandar la representación de los trabajadores) el titular explicó que el organismo aplica protocolos de verificación para inhibir conductas fraudulentas. Estos procedimientos incluyen el cotejo de datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la realización de encuestas aleatorias y anónimas directamente en los centros de trabajo.

Precisó que la Ley Federal del Trabajo establece un respaldo mínimo del 30% para que un sindicato pueda solicitar la firma de un contrato, aunque esto no garantiza la titularidad final, la cual se decide posteriormente mediante el voto de la mayoría.

La institución ha atendido 50,000 solicitudes de constancias de representatividad, de las cuales se han otorgado 25,000, “de ese total, aproximadamente 15,000 se han convertido en contratos colectivos nuevos, sumándose a los 30,500 que fueron legitimados durante el periodo de transición que concluyó en mayo de 2023”.

El funcionario concluyó que el modelo actual se apoya en pilares como la profesionalización del personal mediante concursos públicos, la transparencia a través de un repositorio público de contratos y estatutos, y la trazabilidad digital de todos los trámites para evitar conflictos de interés.