AT&T detecta cuatro obstáculos en la primera subasta de espectro 5G industrial

La primera licitación de espectro radioeléctrico para redes industriales 5G fue diseñada de tal forma que los operadores móviles de cobertura nacional queden imposibilitados para competir por esas frecuencias, advirtió AT&T.

En las observaciones que presentó durante la consulta pública de la subasta, la compañía identificó cuatro aspectos principales de las prebases de la licitación que reducen el atractivo y la viabilidad de este proceso dirigido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

A diferencia de otros participantes que cuestionaron el atractivo del concurso y la redacción de sus prebases, AT&T no solicitó cancelar la licitación, sino mejorarla en sus reglas.

La compañía planteó ajustes a varios criterios, con el argumento de evitar que el proceso enfrente un desenlace similar al de la subasta IFT-10, que registró una baja participación de interesados, o incluso al de la IFT-12, que fue cancelada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes de su realización.

Entre sus principales propuestas, AT&T pidió revisar los costos asociados al uso del espectro y modificar la metodología utilizada para calcular los límites de acumulación espectral. También propuso que el análisis considere todas las bandas identificadas para comunicaciones masivas o IMT, con el fin de determinar de forma una más precisa qué operadores pueden entrar al proceso, ya que bajo los criterios actuales tanto AT&T como Telcel quedan excluidos del concurso.

La empresa solicitó además que la CRT haga públicos los valores económicos que servirán de referencia para la licitación, al confirmar que esa información aún no ha sido transparentada.

En contexto, la CRT promueve la licitación de espectro para Servicios de Provisión de Capacidad para Redes de Radiocomunicaciones Inteligentes o la “Licitación CRT-RRI-01”. Más claro, se trata de una subasta de frecuencias para crear redes privadas para complejos industriales.

La CRT propone en sus prebases la subasta de hasta 240 lotes de espectro radioeléctrico con un tamaño de ancho de banda de 10 Megahertz cada uno y dentro de la banda de los 2.3 GHz. La vigencia de las concesiones sería de 10 años.

Pero la opinión de AT&T para la consulta pública, más un alegato jurídico, económico y regulatorio, se enfoca en otras variables que en vigencias o anchos de banda. AT&T intenta convencer a la CRT de revisar y modificar aspectos de la licitación antes de su publicación definitiva.

Esto, porque AT&T argumenta que las reglas propuestas impedirían competir en igualdad de condiciones a los diversos operadores interesados.

El primer argumento no es nuevo. Pero AT&T insiste en que el costo del espectro radioeléctrico es principal problema para las subastas, y particularmente con lo que tiene que ver con los pagos anualizados por el aprovechamiento de las señales.

El costo del espectro en México es aproximadamente 80% superior al promedio internacional. Este factor desincentiva nuevas inversiones y se demuestra con los resultados de la subasta IFT-10 y las devoluciones de espectro de Telefónica y la misma AT&T.

En México, el mayor costo del espectro no suele ser el precio inicial de la subasta, sino los pagos anuales de derechos fiscales, reafirmó la compañía.

“Es necesario que cambien las condiciones que actualmente rigen el mercado de las telecomunicaciones móviles en México, es decir, que se reduzcan significativamente las cuotas anuales del pago de derechos por uso del espectro de todas las bandas. Por lo expresado previamente, actualmente no hay condiciones”, sostuvo.

En otras de sus argumentaciones y quizá la más relevante de todo su documento, AT&T criticó los criterios de la CRT para definir los niveles de acumulación espectral de cada operador, un elemento a considerar para definir qué operador tiene la posibilidad de entrar a la subasta 5G industrial.

A consideración de esta compañía, los niveles de acumulación debe definirlos la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), a partir de análisis más minuciosos, pero, sobre todo, por su función de autoridad de competencia. Para AT&T, el regulador CRT hizo cálculos “arbitrarios”.

Con los criterios de la CRT, ningún operador con una tenencia espectral superior al 20% a nivel nacional en una serie de bandas radioeléctricas, no podría participar en el concurso; esto significa que Telcel, con el 33.5% de las señales, y AT&T, con el 26.2%, están fuera del proceso.

Para la compañía este criterio de spectrum cap no significa una promoción de la competencia, porque excluye a dos operadores con red de alcance nacional y con posible interés en las frecuencias.

AT&T comentó que la CRT únicamente contabilizó determinadas bandas: 1.7/2.1 GHz (AWS); 1900 MHz (PCS), 2.3 GHz y 2.5 GHz; y 3.3 GHz y 3.5 GHz.

Pero la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no habría tomado en cuenta en ese cálculo a las bandas de los 700 MHz, los 800 MHz y los 850 MHz, una decisión que alteraría artificialmente la participación de mercado de cada operador.

Cuando se incorporan todas las bandas radioeléctricas ahora disponibles, la participación de AT&T se ajusta aproximadamente al 18.9%, por debajo del límite de 20% delineado por la CRT.

Con esto, AT&T no dice en su documento que tiene menos espectro, sino que la metodología de la CRT mira desde otra perspectiva los niveles de acumulación espectral de los operadores.

“La exclusión de los operadores privados con base en parámetros artificiales es contraria a los artículos 22.4 y 22.5 del T-MEC, ya que se crea una distorsión competitiva en la que la empresa estatal puede ir por el 100% del espectro que será licitado facilitándole el acceso a ese insumo al eliminar a posibles postores”, dijo AT&T.

Las prebases de la CRT para su licitación de espectro para procesos productivos es, quizá, la única que no arroja desde la publicación de las prebases cifras en dinero. Es decir, no se conocen todavía datos sobre los valores mínimos de referencia de cada lote, ni aquellos sobre las garantías de seriedad.

De momento, el regulador deja al arbitrio de la empresa o grupo económico interesado en las frecuencias, la decisión de presentar una garantía de seriedad por todos los bloques que sean de su interés o una garantía de seriedad por cada lote en particular.

La carta de crédito stand-by también deberá cubrir el 100% del valor mínimo de referencia de bloque o bloques que el documento fije respaldar. Es lo que hasta ahora ha divulgado la autoridad y que para AT&T representa un acto de escasa transparencia.

Así, los interesados no conocen hoy cuánto dinero costará realmente participar en el proceso, ni cómo es que fueron calculados los valores.

“La ausencia de un elemento económico central durante la consulta puede invocarse como una deficiencia de transparencia frente al estándar de proceso abierto y transparente”.